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Economía | 12/01/2024   20:25

Empresarios de Bolivia y Chile alertan que el contrabando se convierte en organización criminal transfronteriza

Empresarios de ambos países resaltan la necesidad de coordinar acciones conjuntas entre los sectores público y privado para combatir este fenómeno que amenaza la estabilidad económica y la seguridad en la región.

Brújula Digital |12|1|24|

Tomado de la agencia Xinhua

En una declaración conjunta que resuena más allá de las fronteras, los presidentes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia, Pablo Camacho, y de la Cámara Nacional de Comercio de Chile, José Pakomio, advirtieron que el contrabando, en los últimos años, ha evolucionado de ser un acto ilegal a convertirse en una organización criminal.

La preocupación fue expresada en el marco del segundo día del encuentro de Cámaras de Industria y Comercio Sudamericanas, celebrado en Santiago de Chile, donde líderes industriales de Argentina, Chile, Perú y Bolivia se congregaron para abordar el desafío del comercio ilícito en la región.

Según la nota de prensa difundida en La Paz por la CNI, actualmente, el contrabando está bajo el control de redes delincuenciales de alto poder económico, vinculándose de manera coludida con actividades como el narcotráfico, robo de vehículos, trata de personas y otros crímenes transfronterizos perpetrados por redes mafiosas.

Ambos líderes empresariales, Camacho y Pakomio, resaltaron la necesidad urgente de coordinar acciones conjuntas entre los sectores público y privado para combatir este fenómeno que amenaza la estabilidad económica y la seguridad en la región.

Camacho destacó la magnitud del problema del contrabando en Bolivia, estimando que este mueve más de 3.300 millones de dólares, afectando gravemente a la economía nacional. Subrayó las consecuencias directas en la pérdida de empleos para más de 600.000 trabajadores bolivianos, además de las pérdidas fiscales para el Estado.

Por otro lado, Pakomio compartió las iniciativas adoptadas en Chile para enfrentar el comercio ilegal, destacando la formación de una fuerza de tarea público-privada como una medida positiva que busca preservar el empleo, pagar impuestos y sostener a más del 19 por ciento de la población chilena empleada en el comercio legal.

BD/WPS






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