Es por los cuatro días de bloqueo, por ello la Federación de empresarios elabora un proyecto de ley para regular el derecho a la protesta social, documento que será presentado a la ALP el próximo año
Luis Laredo, presidente de los empresarios privados de Cochabamba (Foto RRSS)
Brújula Digital |1|12|23|
Los cuatro días del bloqueo de la carretera nueva, que conecta a Santa Cruz con Cochabamba, le significó a los miembros de la Federación de Entidades Empresariales Privadas cochabambinas una pérdida por encima de los Bs 208 millones.
“Los cuatro días de interrupción en las vías principales que conectan al departamento con el resto del país generaron una afectación económica de más de 208 millones de bolivianos de pérdidas al aparato productivo y de servicios de la región. Rechazamos toda medida que afectan el bien común nacional e internacional”, declaró en conferencia de prensa el presidente de la institución privada, Luis Laredo.
El empresario advirtió que las consecuencias de esta medida de presión, al igual que otras similares que se reportan, casi a diario en el país, dejarán consecuencias que se traducirán en la escasez de insumos, desabastecimiento de combustible y alimentos de la canasta básica, pérdida del poder adquisitivo, incremento de la inflación, poniendo en riesgo el los empleos y aumento del contrabando.
Durante cuatro días la Federación del Transporte Libre del Trópico, junto a otros sectores de la región, protagonizó el bloqueo de la carretera nueva, denunciaron la desatención del Gobierno al mantenimiento de la vía e incumplimiento a acuerdos suscritos.
Ante las movilizaciones y corte de vías, que es recurrente en el país, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba elabora un proyecto de ley para establecer deberes y obligaciones de los sectores, al igual que de las autoridades designadas a dar cumplimiento a las leyes y normas.
“Anunciamos que la Federación está impulsando el desarrollo de un proyecto de ley que tiene como objetivo regular el ejercicio del derecho a la protesta social, estableciendo los derechos y deberes de los manifestantes así como las responsabilidades de las autoridades competentes, en el marco del respeto a la Constitución Política del Estado, leyes vigente y tratados internacionales suscritos por Bolivia”, dijo Laredo.
El empresario anunció que en los próximos días seguirán recogiendo sugerencias y demandas de los sectores y estimó que hasta el primer trimestre de 2024 presentarán el proyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
BD/WPS
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