Estudio revela 102 ataques vinculados al extractivismo contra mujeres defensoras ambientales entre 2015 y 2022

Brújula Digital |27|06|23|

El modelo extractivista ha sido el factor determinante para generar violencias en contra las mujeres defensoras ambientales, revela el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib). La sistematización de las experiencias muestra 102 ataques en contra de ellas entre los años 2015 y 2022.

La información fue proporcionada por la coordinadora del estudio, Gabriela Vargas, quien señaló que en el país se tiene un contexto altamente agresivo ante las mujeres defensoras de Derechos Humanos en Bolivia, donde los factores económicos del contexto se mezclan con la construcción social de las estructurales relaciones de poder, donde las mujeres están relegadas de la toma de decisiones políticas.

“Tenemos un país que ha mantenido un discurso del Vivir bien, del respeto a la Madre Tierra, de la soberanía y autodeterminación de los pueblos durante muchos años. Esta narrativa ha generado un discurso mediático promovido por el Estado, la sociedad y las organizaciones no gubernamentales ONG eludiendo la realidad”, señaló.

Dijo que hubo una pérdida de soberanía sobre los territorios, devaluando los argumentos de denuncia frente a las graves violaciones a la tierra y territorio. “Se ha generado un difícil camino para las mujeres defensoras, que por el instinto de defensa de la vida han tenido que generar acciones de defensa de sus territorios y sus comunidades”, dijo.

Vargas advirtió que el nivel de riesgo que se vive en los territorios, donde se resisten actividades extractivistas mineras e hidrocarburíferas se encrudece por el  discurso del capital que promueve intereses materiales por sobre el sostenimiento de la vida.

“Las amenazas contienen un alto nivel de violencia contra las mujeres invadiendo los cuerpos y los espacios íntimos de relaciones personales y familiares; las mujeres no cuentan con ningún tipo de mecanismo de protección desde el Estado; están aún más expuestas ante un sistema judicial quebrado y dependiente del poder político gobernante”, señaló.

En las percepciones de las mujeres defensoras y las comunidades en general dijo que aún el término “protección” sigue siendo un elemento que ocupa el segundo lugar en sus prácticas de defensa, ya que hay una tendencia a postergar la propia necesidad de protección personal y colectiva, por sobre la necesidad de los territorios.

“Las mujeres han hecho mayores reflexiones al respecto, considerando el auto cuidado y cuidado colectivo en sus discusiones; sin embargo, las prácticas de cuidado se disuelven en un contexto de alta presión y con el carácter de urgencia que responden a los diferentes atropellos”, dijo.

En esa lógica dijo que las capacidades de autoprotección en los territorios han surgido como respuesta frente a las múltiples vulneraciones, mientras que a contracorriente de la cooptación de las organizaciones indígenas matrices, las resistencias en los territorios se han fortalecido a través de procesos de articulación.

“Se han  promovido acciones de formación, se han realizado protestas en diferentes contextos tanto rurales como urbanos, denunciando, visibilizando y sensibilizando sobre el impacto de las actividades extractivistas (…).  Se han puesto denuncias y procesos legales a nivel nacional, y ante los organizamos internacionales”, detalló.

Perpetradores

A la hora de visibilizar a los perpetradores de ataques en contra de las mujeres defensoras de DDHH y ambientales dijo que la lista la encabezan los funcionarios públicos del nivel central, entre los que figuran personeros de los ministerios, asambleístas, máximas autoridades del Ejecutivo e incluso el propio Presidente.

Los segundos perpetradores de ataques en contra de las mujeres defensoras ambientales son los grupos de interculturales y sectores afines al Gobierno, que sueles presentarse como “sectores sociales”, organizaciones “feministas”, militantes del MAS, entre otros.

En tercer lugar figuran grupos económicos, empresas nacionales e internacionales y cooperativas mineras. Todas ellas vinculadas a actividades extractivistas.

Entre otros perpetradores figuran funcionarios públicos del nivel departamental, alcaldías, gobernadores, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, funcionarios del Órgano Judicial entre otros.

Recomendaciones

La sistematización de experiencias en la protección de mujeres defensoras del ambiente y del territorio en Bolivia que contó con el apoyo de Diakonía y la Cooperación Sueca generó una serie de recomendaciones:

1.  Generar visitas / intercambios territoriales donde se haga mas visible la situación de los territorios y fortalecer los liderazgos de las defensoras.

2.  Continuar con los procesos formativos, en temas legales, técnicos y así también en afectaciones e impactos del daño ambientales para la toma de decisiones en las comunidades y pueblos originarios

3.  Litigio estratégico

4.  Identificar aliados  estratégicos en:

◦  La difusión visibilización y denuncia de las luchas

◦  Posibles fuentes de financiamiento a las acciones de defensa.

◦  Estrategias de protección

◦  Redes de conexión nacional e internacional

5.  A los pueblos indígenas: a ejercer su derecho de autonomía, la libre determinación, el autogobierno, la justicia; exigir el derecho al consentimiento.

6.  Reforzar la acción de vinculación, conocimiento, intercambio y organización de los territorios, para  hacer fuerza conjunta para defensa y las acciones de protección.

7.  Mejorar la seguridad de los canales de comunicación y difusión, fortaleciendo el uso seguro de mensajería instantánea y redes sociales.

8.  Generar estrategias para el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en los territorios.

9.  Capacitación, análisis y apropiación de la protección integral, aplicación de procedimientos propios.

10.  Generar estrategias para el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en los territorios.

BD JMC