El activista ambiental y agrónomo, Antonio Cajías calificó la decisión judicial de histórica.
Desmonte, contaminación de ríos y deforestación por la minería. Foto: Contiocap
Brújula Digital |22|05|23|
Tras una larga lucha legal de activistas ambientales representados por el ingeniero agrónomo, Antonio Cajías, el Tribunal Agroambiental dispuso apoyo militar para proteger el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi (PN ANMI Madidi) y ordenó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), frenar autorizaciones mineras al interior del área protegida de interés nacional e internacional.
“Por tanto, el suscrito Juez Agroambiental de Viacha, en suplencia legal del Juzgado Agroambiental de La Paz, capital, se complementa las medidas cautelares de prohibición de innovar disponiendo que la Dirección Departamental de La Paz de la AJAM, suspenda y rechace todo trámite por el cual se pretenda la otorgación de contratos mineros en el lecho del río Tuichi, que se encuentra dentro del AP PNANMI Madidi”, señala la parte conclusiva de la resolución.
Mediante sus cuentas de redes sociales, Cajías expresó: “El Tribunal Agroambiental ordena la militarización del área protegida más megadiversa del planeta El Madidi en contra de la minería ilegal”.
La medida cautelar fue motivada debido a las denuncias por haber dispuesto el 100 por ciento del río Tuichi, en cuadrículas mineras, para las actividades auríferas que tanto impacto han provocado en la Cuenca Amazónica por el uso del mercurio. El río se encuentra al interior de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Uchupiamona.
“Se complementa las medidas cautelares de prohibición de innovar disponiendo que la Dirección Departamental de La Paz de la AJAM, suspenda y rechace todo trámite por el cual se pretenda la otorgación de contratos mineros en el lecho del río Tuichi, que se encuentra dentro del AP-PN-ANMI Madidi”, establece el fallo judicial.
La presencia de la actividad minera ilegal al interior del Madidi tiene rostro de cooperativas auríferas que exigen derechos preconstituidos, que en su lectura fueron otorgados antes de la ley 535 de minería y metalurgia de 2014 y la Constitución Política del Estado de 2009. Sin embargo en el marco del sistema de áreas protegidas, los derechos preconstituidos fueron otorgados antes de la década de los 90´que fue cuando se crearon las áreas protegidas a nivel nacional.
La segunda disposición es una complementación a la referida medida y tiene por objeto el resguardo militar en la zona, a fin de brindar apoyo a los encargados de cuidar ese parque, en alusión a los guardaparques dependientes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
“Asimismo se complementa la medida cautelar preventiva disponiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas, al cuerpo de protección del AP-PN-ANMI Madidi, en las labores de control y restricción del ingreso de personas al área protegida.
Hace un par de semanas, un guardaparques del Madidi fue agredido física y verbalmente por cooperativistas acompañados por hombres armados quienes amenazaron de muerte al servidor público e ingresaron al área protegida a realizar actividades mineras con maquinaria pesada.
Este fallo cursa en la resolución Nª 051/2023 emitida el 18 de mayo del presente año. La acción judicial fue planteada por Antonio Cajias Cueto dentro del proceso de medidas cautelares contra Ramiro Cuevas.
De este modo, el Juez ordenó a través de secretaría hacer conocer el determinado fallo a las instituciones correspondientes para dar cumplimiento a lo dispuesto.
BD