1000x115_1
1000x115_1
Ahorrate Problemas 1000x155px
Ahorrate Problemas 1000x155px
Economía | 26/01/2023   17:19

NPM reconoce que Potosí “es una zona sensible” y espera no tener problemas cuando desarrolle el yacimiento de plata

El Gerente General de la Minera Alcira en entrevista exclusiva con Brújula Digital señaló que Comibol cuenta con 17 áreas vírgenes que bordean el yacimiento Arenas de Plata, y que hay la intención de pagar un canón de arrendamiento para explotar también estas áreas.

Hernán Uribe, gerente General de Minera Alcira S.A. Foto: Brújula Digital

Brújula Digital |26|01|23|

La canadiense-china New Pacific Metals Corp (NPMC) a través su subsidiaria Minera Alcira, reconoció que el departamento de Potosí “es una zona sensible” para las operaciones mineras, y que espera no tener problemas cuando ingrese a la etapa de desarrollo del proyecto Silver Sand (Arenas de plata) en enero de 2024, tras una inversión de 37 millones de dólares en la fase de exploración y recursos certificados estimados en 200 millones de onzas de plata.

En entrevista exclusiva con Brújula Digital, el gerente General de Minera Alcira S.A, Hernán Uribe, asegura que hubo especulación en torno al yacimiento Silver Sand descubierto en el municipio de Tacobamba del departamento de Potosí, que si bien tiene recursos certificados que oscilan en 200 millones de onzas de plata, de los cuales el 90% se convertirán en reservas probadas, no es comparable con el Cerro Rico de Potosí.

El mítico Cerro de Potosí –apuntó el especialista- no solo que fue explotado por más de 400 años en un estimado de más 1.000 millones de onzas de plata, sino que todavía guarda entre sus rocas, entre 600 a 700 millones más de onzas del metal.

Ante la noticia del hallazgo de un gigante yacimiento de plata, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) anunció que pedirá mejorar las regalías para la región, posición criticada por el expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, por no ser recomendable cambiar las reglas del juego a medio partido a inversores que operan hace varios años en el país. Recomendó considerar esa posibilidad para futuros proyectos.

“¿Por qué en Bolivia?” lanza la interrogante Uribe y responde inmediatamente: “sus condiciones geológicas y económicas son envidiables, tiene un potencial minero de clase mundial. No se ha explorado en Bolivia, después de Inti Raymi vino San Cristóbal y no se ha descubierto ni una sola veta nueva, aparte de lo que nosotros hemos descubrimiento.

Consultado si la sociedad NPMC no teme que le suceda algo similar que a la Empresa Minera Paitití, que por negarse a recontratar a trabajadores mineros despedidos en el marco de la ley, tras la fase de explotación de oro, resultó su gerente con detención domiciliaria y obligada a pagar incluso por meses no trabajados, Uribe respondió que sí.

“Corremos ese riesgo; cuando entremos a la etapa de desarrollo esperemos no tener ese problema (…). En exploración no, tenemos buena relación con los trabajadores, estamos negociando con las comunidades. Potosí es una zona muy sensible, la presencia de cooperativistas que influyen a las comunidades, tenemos que hablar con ellas”, afirma a este medio.

El geólogo se anima a ventilar parte de su estrategia y señala que se buscará acuerdos con las comunidades aledañas a través del uso de sus suelos.

“La idea es relocalizar a todas las casas de las comunidades circundantes, trasladar sus casas donde quieran, si quieren estar en Potosí o Sucre, vamos a construir donde quieran, casas de tres dormitorios, algo decente, estamos negociando el uso de sus tierras, 30 centímetros es de ellos, y 30 centímetros más abajo es para nosotros”, indica.

¿Hay las condiciones para la inversión en este momento en Bolivia?, se le consulta a lo que responde: “Si las hay, comparado con Perú, con una inestabilidad política tremenda, aquí tenemos inestabilidad pero es pasable, es manejable”, asegura.

¿Y en cuanto a la seguridad jurídica?, Uribe dice: “El Gobierno nos está queriendo dar seguridad jurídica, nos la va dar seguridad en el marco de la Ley minera 535”.

Explica que New Pacific Metals Corp tiene un gran socio como es Silver Corp (China), que tiene el 29% de las acciones. “Silver Corp ha tenido una capitalización de mercado de 600 millones de dólares, sus ingresos el 2021 han sido de 220 millones de dólares y sus activos son de 650 millones de dólares”, destaca.

Uribe, geólogo de profesión con más de 25 años de experiencia en la industria minera, afirma que el proyecto de exploración en Arenas de Plata ha requerido una inversión de 37 millones de dólares, así como 136 mil metros en diamantina (Perforación).

“Silver Sand es un proyecto privado que se desarrolla en áreas preconstituidas, son nuestras concesiones. Desde antes de la Constitución (2009) las teníamos como autorizaciones transitorias especiales, según la Ley minera 535 deberíamos haber migrado al contrato administrativo minero; lo que hemos hecho es migrar, tenemos el contrato administrativo minero que nos ha entregado la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)”, asegura.

Si bien en términos de tecnología es similar a lo que hizo Sumimoto en San Cristóbal, con perforaciones a cielo abierto, Uribe afirma que la operación exploratoria de NPMC ha sido más agresiva, pues ya realizó 551 pozos de diamantina.

“Nosotros, hasta el 2020 realizamos la primera liberación de resultados, donde hablábamos de aproximadamente 135 millones de onzas de plata, que la publicamos (…). Como somos una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores nuestras actividades deben ser transparentes y debemos publicar estos resultados y con nuestros socios”, afirma.

“Comibol tiene áreas vírgenes”

Hernán Uribe se remonta al 2019, año en el que Alcira firmó un contrato de producción minera que cubría 29 concesiones de Comibol que rodean al proyecto Arenas de Plata, que se extiende sobre 3 kilómetros cuadrados.

“El 2019 con los cambios de Gobierno todo se paralizó, el Gobierno transitorio a través de sus ejecutivos de Comibol quiso anular este contrato, utilizaron a las cooperativas para anular el contrato, intentaron secuestrarme el 2020 las exautoridades de Comibol, y se decidió entonces no hacer nada hasta que llegue un nuevo gobierno que salga de las elecciones”, afirma

Menciona que el contrato firmado el 2019 establecía el pago del 4% por el valor bruto de la venta de minerales de las 29 concesiones citadas, pero el 2021 Comibol bajó el número de concesiones a 12  y se impuso un impuesto del 6% sobre el valor bruto de la venta.

“Una vez con las 12 áreas reducidas se hizo una proyección. No sabemos qué minerales hay en las concesiones de Comibol (…). Las áreas de Comibol son vírgenes, donde se necesita hacer exploración, las 12 áreas que tenemos no les interesa a las cooperativas porque no hay socavones”, explica.

Con las proyecciones económicas, Comibol obtendría 17 millones de dólares anuales, por un periodo de 14 a 20 años, sin invertir nada.

“El Estado recibirá 45 millones de dólares en impuestos y Potosí por regalías sus 17 millones de dólares, y nosotros 42 millones de dólares”, detalla.

Sin embargo afirma que el contrato sigue en Comibol. “Tiene que ser revisado por el Ministerio de Minería, pasar a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), con el plan al Parlamento y el Parlamento tiene que dar el aval, mientras no haya eso no se puede hacer ninguna actividad en áreas de Comibol”, explica

Además, ofrece un canon de alquiler de 129 mil dólares anuales, para la exploración en esas áreas vírgenes.

Estudio de prefactibilidad y empleos

En la fase de desarrollo del proyecto, el Gerente de Alcira afirma que de acuerdo al estudio económico preliminar se estiman inversiones por 330 millones de dólares.

“Estamos haciendo el estudio de prefactibilidad, nosotros para que entremos a desarrollar el proyecto tenemos que cumplir las leyes, el contrato minero administrativo que ya lo tenemos, y lo más importante, necesitamos realizar el estudio de evaluación de impacto ambiental, porque es una operación a cielo abierto”, explica.

También señala que se deben cumplir otras etapas como consulta pública a comunidades campesinas, el acuerdo con las comunidades y a partir de ello desarrollar el estudio de evaluación de impacto ambiental (EEIA) que estará hasta octubre o noviembre de este año, para empezar en enero del próximo año con el desarrollo del proyecto.

“Hay que construir las plantas, hacer el campamento, porque estamos estimando contar entre 800 a 1.000 trabajadores, el 95% de nuestros empleados y profesionales será boliviano; tenemos geólogos, ingenieros mineros, ingenieros de producción que son bolivianos”, destaca.

BD JMC   





300x300
300x300
@brjula.digital.bo