Experto peruano en delitos ambientales ve debilidad del Estado boliviano para evitar tráfico de mercurio a su país

Brújula Digital |28|11|22|

El abogado peruano Manuel Zapata, especialista en delitos ambientales, identifica una presunta complicidad de parte del Estado boliviano en el tráfico del mercurio hacia su país, en medida de que no corrige las debilidades institucionales de las entidades públicas encargadas de evitar el tráfico de sustancias controladas en las fronteras, en el marco de la ejecución del Convenio de Minamata.

El especialista dijo que, en el marco del cumplimiento del convenio de Minamata, Perú es el país que más esfuerzos realizó en la región. “Tiene mapeado las rutas del mercurio, por ejemplo, Ecuador tuvo algunos avances, pero Bolivia cuando se le ha pedido informes sobre la ejecución de cumplimiento del Convenio de Minamata no presenta mayor información ¿Qué está pasando?”, cuestionó.

En entrevista con Brújula Digital durante su breve estadía en La Paz dijo “¿La pregunta es: ¿Termina siendo el Estado cómplice?. Hay una complicidad disfrazada de apoyo, de incentivo, pero lo cierto es que cuando se hace la evaluación de la ejecución del Convenio de Minamata te das cuenta de que no hay voluntad para hacer algo al respecto, y no es otra cosa que un acto de complicidad”.

Zapata dijo que la complicidad del Estado boliviano se da frente a una actividad que está devastando la economía de Bolivia y de otros países de la región. “Está devastando los componentes ambientales, la biodiversidad de las personas, principalmente indígenas, porque para que subsista la minería ilegal necesariamente tiene que tener mercurio porque no se aplica otro tipo de tecnologías”.

El experto en delitos ambientales advirtió que en la región hay un incremento exponencial de la minería ilegal del oro, que hace diez años se vinculaba solo con la extracción del metal, pero que actualmente está vinculado con otros delitos como el narcotráfico, la trata de personas para la explotación sexual y comercial, lavado de activos y corrupción. En esa medida dijo que eso “quiere decir que los Estados son cómplices para la vulneración de derechos fundamentales de las personas”.

“La minería no solo afecta la economía de un país, sino también el componente ambiental, el bienestar de las personas y ese contenido de vulneración de Derechos Humanos hay que empezar a visibilizarlo, lo que puede parecer un acto aislado, la débil fiscalización del mercurio o la ruta del mercurio, tiene que ver directamente con la afectación de DDHH porque es parte de una cadena delictiva que tiene consecuencias graves”, aseguró.

Señaló que la cadena delictiva detrás de la minería ilegal, no empieza ni termina con la extracción del oro, porque hay quién la financia y quién la provee.

Bolivia pasó en los últimos años a ser el principal importador de mercurio a nivel mundial, con más de 200 toneladas que ingresan al país, de las cuales se estima que 90 se quedan en el país y el resto es traficado a los países vecinos para impulsar la minería ilegal.

Al respecto, el Relator Especial de Lucha Contra Sustancias Tóxicas de las Naciones Unidas, Marcos Orellana dijo que Bolivia frustra los esfuerzos internacionales para reducir y eliminar el uso del mercurio, pero también comete delitos contra los pueblos indígenas de la Amazonía, que sin estar vinculados a la explotación del oro se están contaminando a través del consumo del pescado.

“La debilidad institucional que tiene Bolivia sobre la fiscalización del uso de sustancias tóxicas como el mercurio -qué bueno sería que solo se quedara en Bolivia- pero su debilidad institucional también viene afectando colateralmente a otros países, en este caso Perú. Y, coincido con el Relator Especial de Lucha Contra Sustancias Controladas, que es una debilidad en contra de la ejecución del Convenio de Minatama”, expresó a este medio.

A diez años del convenio binacional sin avances

Manuel Zapata, también denunció que a diez años del convenio binacional entre Bolivia y Perú, no hubo avances y que los delitos pueden considerarse transfronterizos. 

“No vamos avanzar en la medida de que no tengamos un plan de trabajo fronterizo binacional respecto a actividades concretas;un plan de trabajo de erradicación ilegal fronterizo entre Perú y Bolivia, pero no solamente un plan fronterizo de control de mercurio y consumos químicos destinado al aprovechamiento indebido la minería ilegal”, explicó.

Recomendó un plan con dos dimensiones: el primero destinado a la persecución del delito, del tráfico ilícito del mercurio, pero también de prevención, y la segunda de evaluación de lo que viene pasando en las instituciones responsables en Bolivia de controlar el mercurio.

“No sé si hubo un espacio técnico entre las autoridades bolivianas respecto a esa problemática, no sé si existe, yo diría que no. Hay que crear ese espacio, si no lo motivan los Estados lo deben motivar desde la sociedad civil, la cooperación internacional y la academia”, sugirió tras exponer en un conversatorio organizado por el Grupo Interdisciplinario de Oro Responsable (GIT-OR).

En análisis de Zapata, sería recomendable considerar sanciones políticas, llamadas de atención a altos funcionarios. “Deben darse espacios formales de representantes de ambos países. Hay un acta que firmaron losministros de relaciones exteriores para contrarrestar la minería ilegal el año 2012 que se suscribió en Perú. ¿Cuál es el avance?”, preguntó.

Durante el Encuentro Presidencial y la Reunión del Gabinete Binacional de Ministros de Bolivia y Perú realizados en junio de 2015 en Puno, se estableció un mandato para implementar acciones conjuntas de recuperación del medioambiente, control, fiscalización y erradicación de las actividades mineras ilegales y/o contaminantes en la cuenca del río Suches.

Se estableció además un plan de acción para combatir ilícitos transfronterizos, entre ellos, la minería ilegal, enmarcados en una estrategia binacional integral.

De igual modo, en la segunda reunión del Comité de Frontera Amazónica Perú-Bolivia realizada el 14 de mayo del 2015 se acordó fortalecer acciones para el monitoreo de la contaminación por mercurio transfronterizo en Madre de Dios y Puno (zona amazónica) en el Perú y el departamento de Pando en Bolivia.

BD JMC