El especialista en minería afirmó que se evidenció que las cooperativas auríferas que declaran que extraen oro de yacimientos marginales terminan extrayendo toneladas que luego son exportadas, sin dejar montos significativos para el Estado.
Draga aurífera en el río Kaka: Foto: Contiocap
Brújula Digital |17|11|22|
De aplicarse el impuesto a las utilidades (IUE) a las cooperativas auríferas, este sector hubiese dejado para el Estado el año 2021, más de $us 1.000 millones por la exportación de cerca de 50 toneladas (Tn) de oro, afirmó el investigador y experto en minería, Héctor Córdova.
“Como gran cosa muestran que ahora las cooperativas pagarán el 4,8% del valor bruto del oro, pero el año pasado que se exportaron 50 toneladas de oro por un valor de 2.226 millones de dólares, si se hubiera aplicado la norma del 7% de regalías y el 37,5% por sus sociedades con capitales extranjeros deberían pagar cerca de $us 1.000 millones de dólares, eso es lo que debió recibir el Estado”, afirmó a Brújula Digital.
El año pasado, el país exportó 45 toneladas de oro por un valor de 2.226 millones de dólares, de los cuales quedaron para el Estado $us 59 millones por concepto de regalías, que oscilan entre 1,7 y 2,5% del valor de las exportaciones.
Mencionó que la Ley de Minería 535 de 2014, establece que las compañías deben pagar el IUE adicional al normal del 25% de sus utilidades, y un adicional del 12,5% cuando la cotización de los minerales en el mercado internacional es alta, haciendo un total del 37,5%.
“Ya van varios años en que las cooperativas van rehuyendo sus responsabilidades con el Estado y de alguna forma con el acta logrado con las cooperativas, el Gobierno les lava la cara, entonces los auríferos que pagaban el 2,5% se sienten generosos y con la vía libre de continuar haciendo lo que han estado haciendo hasta el momento, explotar oro sin mayores regulaciones”, afirmó.
Córdova recordó que se estableció el 2,5% por regalías para yacimientos marginales, cuando en los hechos se evidenció que se explotan toneladas de oro. Dijo que fueron periodistas de investigación, quienes denunciaron la presencia de las dragas chinas y colombianas en los ríos amazónicos del Norte de La Paz, y no como señalaban las declaraciones juradas de las cooperativas de minería artesanal a pequeña escala.
El año 2018, ANF difundió el reportaje: “Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro en la Amazonía con la fachada de cooperativas”, en el cual la periodista Jimena Mercado develó el desembarque de gigantes maquinarias para extraer oro aluvial de los ríos amazónicos, pero también las sociedades ilegales entre cooperativas auríferas -titulares de derechos mineros- y los capitales extranjeros.
Posteriormente la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) confirmó que las operaciones eran ilegales y advirtió con revertir derechos mineros, sin embargo tras megaoperativos con la Policía, Fiscalía y la Armada, solo se los logró aprehender por unas horas a ciudadanos extranjeros y bolivianos implicados. También la Gobernación de La Paz confirmó los extremos.
“Y la prueba mayor de que no se trata de yacimientos marginales, son las 50 toneladas de oro exportadas el año pasado, que muestra que hubo una escalada; el Gobierno también se dio cuenta de eso y quiso poner freno a eso pero tiene limitaciones para hacer cumplir las normas”, sostuvo Córdova.
En cuanto al acta firmado y luego anulado con el sector cooperativista, por el cual el Gobierno a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) se comprometió a modificar planes de manejo del Madidi, Cotapata y Apolobamba para permitir operaciones mineras en áreas protegidas, dijo que se debe tener cuidado, considerando que hay normas de protección.
“La declaratoria de las áreas protegidas del Madidi y otras establece la normativa que desde que son declaradas áreas protegidas hacia atrás pueden ser considerados derechos preconstituidos, pero de acuerdo a lo que dicen los mineros, los derechos preconstituidos son aquellos conseguidos antes de la Ley de minería 535 de 2014”, dijo.
Al respecto afirmó que el sector minero contradice la norma de las áreas protegidas “porque desde que se declaró área protegida el Madidi, hasta que se promulgó la ley minera han pasado muchas cosas que han permitido ingresar a ciertos territorios a los mineros, y ellos consideran que esas son áreas preconstituidas y que por tanto les corresponde explotarlas”.
BD JMC
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