Sociedad | 06/04/2019

Envían a la cárcel a la abuela dueña del perro rottweiler que mató a su nieta

Envían a la cárcel a la abuela dueña del perro rottweiler que mató a su nieta

La cárcel de San Sebastián Mujeres en Cochabamba. Foto: Los Tiempos

Brújula Digital|06|04|19|

Un juez determinó el viernes la detención preventiva en la cárcel de San Sebastián Mujeres para la abuela de la niña de cinco años que murió el miércoles después de ser atacada por un perro rottweiler en una vivienda de la ciudad de Cochabamba, mientras que la madre y la tía de la víctima fueron beneficiadas con medidas sustitutivas.

"El señor juez ha determinado la detención preventiva para la dueña del can y medidas sustitutivas para la tenedora, así como también para la madre de la víctima", informó el viernes la fiscal de material, Cinthia Prado.

Según Prado, la madre y la tía fueron arraigadas y cada una deberá pagar una fianza de 5.000 bolivianos, para evitar la detención preventiva. Detalló que la decisión en el caso de la abuela consideró que no contaba con garantías naturales para su arraigo, como actividad económica lícita, que establezcan que se mantendrá en la ciudad de Cochabamba para la continuación de las investigaciones.

La familia había dejado completamente sola a la niña junto a cinco perros de la casa, entre ellos el rottweiler que acabó con su vida.

La autoridad judicial explicó, además, que la Unidad de Zoonosis no presentó aún un informe solicitado sobre el estado de salud del perro y que un examen forense confirmó de manera inequívoca que la niña murió por lesiones causadas por mordidas del animal.

El abogado de las sindicadas, Jhonny Vargas, dijo que no apelará la resolución judicial, pero demostrará que la abuela de la niña tiene una actividad lícita como comerciante, para que se beneficie con medidas sustitutivas.

Mujer de la tercera edad a la cárcel por biocidio

Antonia Apaza Quispe, una mujer de 62 años de edad, fue enviada el jueves de manera preventiva al penal de Palmasola, en Santa Cruz, acusada por el delito de biocidio, el mismo que habría cometido al matar al perro de su vecina en la casa donde alquila.

El hecho, que derivó en la orden de encarcelamiento para la mujer, ocurrió el 1 de marzo en el barrio Roca y Coronado, en la zona de las calles Mario Flores y Cecilio Jordán. Ese día un can que vivía en la casa, fue encontrado muerto, aparentemente envenado y la dueña del animal acusó a Apaza del hecho, según reporte de Página Siete.

En el primer caso, los familiares de la aprehendida denuncian que se envió con detención preventiva a Palmasola a una mujer de 62 años de edad, acusada de biocidio, por la sola declaración de dos personas de una misma familia, sin ninguna prueba que sustente la acusación.

“Mi madre no es culpable. Ella nunca habría hecho eso”, dijo entre lágrimas la hija de Antonia Apaza, sobre la denuncia de que la mujer habría envenenado al animal con un trozo de carne.

Además, contó que el perro era callejero y que la denunciante aseguró que es suyo sin presentar ningún respaldo.

Señaló que  la denuncia se efectuó por  intereses sobre el inmueble donde viven,  ya que habría disputas entre los propietarios y ellas, que  sólo son inquilinas. “Es una excusa. Injustamente le dicen  que mi madre mató (al perro), pero ella no lo mató, yo tengo animales, perros y gatos, mi mamá nunca habría hecho esto”, reiteró su hija.

“Venimos en apoyo de la señora. Yo vivo en esa casa 30 años. Jamás tuvimos problemas con nadie. Yo soy la inquilina más antigua y tenemos animales. Todo esto es una injusticia, una calumnia que a la señora le han hecho”, relata otra mujer que acompaña a la hija de la detenida y asegura ser otra de las inquilinas que vive en la casa.

Ambas explican que la vivienda pertenece a cinco hermanos y que cada uno tiene sus inquilinos, pero que uno de ellos siempre trata de desalojar a los inquilinos de los demás. A su juicio, la vecina que denunció este hecho estaría en complicidad con el dueño.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, se pronunció el viernes sobre este caso e indicó que la determinación de la justicia es un extremo. “Estos son los extremos irracionales que la justicia penal debe evitar con la nueva Ley de Abreviación Procesal. Es inconcebible que se le quite la libertad preventivamente a un ser humano en un  caso como éste. Este es el triste estado de la justicia boliviana”, escribió Arce en un tuit.