Concejal de Sol.Bo: la justicia no es igual para todos

Brújula Digital ||31|08|19

El proceso que se le sigue al alcalde Luis Revilla en los casos Alpacoma I y II es político afirmó el concejal de Soberanía y Libertad (Sol.Bo) Isaac Fernández y recordó que en 2016, cuando se produjo la “crisis de agua” (La Paz) autoridades de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) se defendieron en libertad, a pesar que los delitos eran los mismos que los que ahora se señala para el burgomaestre: incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública.

En noviembre de 2016 se registró la “crisis del agua” en la ciudad de La Paz, que afectó a 144 barrios paceños y más de un millón de habitantes.

Recordó que en  junio de 2019, la Fiscalía emitió resolución de sobreseimiento y cierre de la investigación sobre la escasez de agua, y sobreseyó a funcionarios de Epsas y el MMAyA quienes se encontraban gozando de plena libertad  durante el proceso e inclusive, la exministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, se fue con un cargo a la embajada de México, de acuerdo al informe brindado por medios de comunicación locales.

Fernández justificó su criterio sobre un proceso político contra Luis Revilla, al explicar  que en el caso Alpacoma I, “las denuncias de la Fiscalía no tienen fundamentos, lo primero que debe analizarse para dar con los responsables es una auditoría ambiental, realizada por expertos, y eso sigue en ejecución” y lamentó que la justicia no actúe conforme a derecho ya que la imputación del alcalde Luis Revilla, quien guarda detención domiciliaria con derecho laboral, por el caso Alpacoma I, es totalmente arbitraria.

Revilla fue imputado por el desprendimiento de una celda del depósito de basura registrado en enero de este año, por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes; la audiencia en la que se debía resolver la apelación a la detención domiciliaria con permiso laboral fue reprogramada para el 6 de septiembre, audiencia en la que además se debe tratar el pedido del Ministerio Público para se anule el permiso laboral para el burgomaestre, considerando que eso puede perjudicar en la investigación.