Reportajes | 16/09/2018

El Estado gastó Bs 698,8 millones en 2.262 viviendas sociales que nunca entregó

El Estado gastó Bs 698,8 millones en 2.262 viviendas sociales que nunca entregó
Raúl Peñaranda U.

Brújula Digital, 16|9|18

El Estado erogó en los últimos años por lo menos 698,8 millones de bolivianos en la construcción de 2.262 viviendas sociales que nunca asignó y están deshabitadas, según documentos obtenidos por Brújula Digital de fuentes oficiales.

Esas casas y edificios de departamentos sufren problemas debido a la falta de mantenimiento, como filtraciones, muros desviados, problemas en los techos, etc. En las obras realizadas en Cochabamba o Santa Cruz, la maleza cubre las construcciones, mientras en otros condominios los vecinos han robado puertas y ventanas.

Según los documentos obtenidos por Brújula Digital de la Oficina de Fideicomisos de la Agencia Estatal de Vivienda, que administra el Banco Unión, la incapacidad para asignar las viviendas a familias de escasos recursos se debe a varios factores, entre otros su precio relativamente elevado y a la falta de documentación saneada y fraccionada que les dé seguridad a los futuros propietarios.

Muchas de las viviendas carecen de documentación individual porque los edificios y casas han sido construidos sobre terrenos que no tienen documentación legal ni planos aprobados por los municipios, carecen de documentos aprobados de propiedad horizontal y en ocasiones incumplen con normas municipales de construcción.

Las unidades no tienen documentos como folio real, anotaciones en derechos reales, etc.

Los proyectos que tienen a sus casas y departamentos deshabitados son los de Altos de Cotoca y Urbanización Salóm (Cotoca); Papa Francisco y Condominio Patujú (Warnes); Condominio Pacha (Mecapaca, La Paz); Condominio Pirwa (Tolata); Villa deportiva-La Tamborada (Cochabamba); urbanizaciones Bartolinas 1 y 2 (Sacaba, Chapare); Condominio Mabel Nates (Vinto); urbanización Santa Ana (Santa Cruz). En el caso de Wiphala, en El Alto de La Paz, se han asignado sólo 33 de 336 departamentos.

La Agencia Estatal de Vivienda es la entidad que supervisa la construcción de viviendas sociales y usa para ello recursos que provienen de la recaudación del 2% del aporte patronal a los trabajadores, que van al fideicomiso que administra el Banco Unión.

Sin documentos de propiedad individual

Al no tener, en general, documentos de propiedad individual, los interesados no pueden solicitar créditos hipotecarios a ningún banco del sistema. Los precios, relativamente elevados de las viviendas tampoco permiten que las personas puedan pagar al contado. Quienes sí tienen los recursos para pagar al contado, que son una minoría, tampoco lo hacen porque las viviendas no poseen la documentación requerida.

Algunas de las obras no cuentan con agua potable, como el caso de los 672 departamentos de La Tamborada (villa deportiva de Cochabamba) y otros ni siquiera tienen sistema de alcantarillado o pozo séptico, como los de Santa Ana, en Santa Cruz, y Bartolinas 1 y 2, en Sacaba, Chapare.

En general, los departamentos que promueve la Agencia de Vivienda, que bordean los 80 metros cuadrados de extensión, se ofrecen en montos de entre 40.000 y 50.000 dólares, que terminan costando entre 80.000 y 90.000 dólares incluidos los intereses en créditos a largo plazo. Las casas tienen dimensiones y costos menores.

“A mí me ofrecieron un departamento en Tolata, en el condominio Pirwa, pero no nos daban los documentos, porque no hay papeles de propiedad fraccionados. La Agencia Estatal de Vivienda solo tiene papeles para toda la urbanización, pero no de fraccionamiento. Por eso desistimos de comprar al contado con mi esposa”, dijo Mario Jhonny Lino a Brújula Digital.

Además, sumados los intereses en un crédito a 20 años, “un departamento puede terminar costando 90.000 dólares, lo que ya no debería ser considerado como vivienda social”, añadió Lino.

Los condominios y urbanizaciones han sido concluidos en algunos casos hace dos o tres años, sin que se hubieran podido solucionar los problemas de falta de documentación y desinterés de la población.

Ni siquiera bajando el precio de los departamentos de Wiphala a 35.000 dólares, ha generado interés.

Nuevo decreto

El director ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda, Gonzalo Rodríguez, admitió la lentitud en la asignación de las viviendas, pero dijo que la reciente aprobación de un decreto supremo ayudará a acelerar el trabajo.

“A diferencia de los condominios privados nosotros no podíamos hacer preventa, pero en agosto de este año se aprobó el DS 3614, que nos faculta a hacer preventas y ventas al contado, antes no había esa posibilidad”, dijo Rodríguez a Brújula Digital.

El funcionario agregó que “antes teníamos que esperar que se terminara todo un proyecto para poder empezar. Ahora ya vamos a lanzar con más fuerza las preventas”.

Brújula Digital indagó por qué se demoró tanto en aprobar el decreto mencionado, que podría ayudar a facilitar la venta de estos bienes, considerando los condominios están deshabitados hace años.

“Sí, creo que debimos haber gestionado antes esta norma que nos facilite (la venta) y evite que esta inversión esté todavía sin cumplir su función social. Con el proyecto de La Tamborada, y tomando en cuenta su envergadura, ya que tiene 672 departamentos en 14 edificios, entonces ahí sí vimos que amerita tomar estas medidas y afortunadamente hemos sido escuchados por el Presidente y el consejo de ministros para aprobar esa norma”, expresó.

Según Rodríguez “no es tarde” para empezar el proceso de asignación de las viviendas y que se dio un “proceso de aprendizaje” de cómo asignar departamentos en condominios a veces muy grandes.

Contó que en el caso del condómino Wiphala, dijo, “nos está yendo muy bien” porque ya han sido vendidos 48 departamentos (del total de 336 unidades). Consultado por qué la oficina de Fideicomisos señala que solamente se han entregado 33 departamentos, y no 48, Rodríguez explicó que efectivamente faltan algunos requisitos que cumplir por parte de los interesados para poder ser considerados como propietarios.

El director de la Agencia admitió que las primeras familias que ingresaron a Wiphala firmaron un acta en la que se comprometieron a obtener un crédito para pagar por los departamentos, pero que luego no lo hicieron y viven de manera gratuita allí desde hace más de dos años.

Otra de la manera para acelerar las ventas, pero que hasta ahora no ha resultado, es que las propias empresas hagan la preventa directamente y ya no la Agencia de Vivienda.

Elevado número de departamentos

Brújula Digital, 16|9|18

El Gobierno ha denominado “comunidades urbanas” a su proyecto de construcción de multifamiliares.

En algunos casos han surgido dudas sobre su viabilidad, considerando el gran número de multifamiliares ofrecidos. Por ejemplo, en Warnes, donde existen 6.400 familias (tiene una población aproximada de 32.000 en total), la Agencia de Vivienda ofrece dos proyectos que tienen 539 unidades en total (443 casas y 96 departamentos), casi el 10% de viviendas actuales. Ninguna ha sido asignada, y en el caso de las casas, la maleza ha cubierto parte de los terrenos.

En Cotoca la oferta es aún mayor: ya se han entregado 256 departamentos, pero se están construyendo otros 704, para completar 960 departamentos, uno de los complejos habitacionales más grandes de Bolivia.

También en Cotoca, la urbanización Salóm ofrece 92 departamentos (no ha sido asignado ninguno). En ese municipio, que tiene 5.600 familias (población aproximada de 28.000 personas), la Agencia de Vivienda ofrecerá en total 1.052 casas y departamentos, es decir el 18% del total de las viviendas actuales, un porcentaje muy elevado. Es como si en La Paz se ofrecieran 28.000 departamentos nuevos. (Brújula Digital)

La Agencia de Vivienda acepta propuestas de empresas

Brújula Digital, 16|9|18

Existen dos mecanismos para que la Agencia Estatal de Vivienda autorice la construcción de unidades familiares: por un lado, acepta propuestas realizadas por empresas constructoras, que presentan un proyecto. Una vez que éste se autoriza, la empresa recibe desembolsos del Estado y empieza la construcción.

Ello puede explicar por qué algunos proyectos parecen desproporcionados e inadecuados para el mercado, como haber aceptado dos proyectos de un total de 1.052 departamentos en el pequeño municipio de Cotoca.

El segundo mecanismo se da cuando la propia agencia es la que decide dónde construir. En ese caso hace una invitación pública y diferentes empresas compiten para realizar el proyecto, como ocurrió en el caso de Wiphala. (Brújula Digital)

Bajan los precios para generar interés

Brújula Digital, 16|9|18

En abril pasado, ante el desinterés por adquirir un departamento en el condominio Wiphala, de la ciudad de El Alto, el Gobierno decidió bajar los precios de los mismos.

El precio al contado de esos bienes pasó de 42.000 a 35.000 dólares. Los departamentos tienen una superficie de 81,69 m y cuentan con tres dormitorios, un baño, una cocina, sala-comedor y lavandería. El condominio consta de siete bloques de 12 pisos, haciendo un total de 336 unidades. Sólo 33 están ocupadas.

La Urbanización Papa Francisco, de Warnes (detrás del aeropuerto Viru Viru), ofrece casas a entre 29.700 y 36.710 dólares (dependiendo del tamaño del terreno).

En la ciudad de Santa Cruz, el Condominio Santa Ana, cerca de la zona Pampa de la Isla de Santa Cruz, tiene sus departamentos a 48.080 dólares. Las unidades familiares de los condominios Bartolinas 1 y 2 cuestan entre 47.500 y 53.500 dólares.

Senador Ortiz denuncia a la Agencia de Vivienda

Brújula Digital, 16|9|18

La semana pasada, el senador de Demócratas Óscar Ortiz presentó ante la Fiscalía General una denuncia por malversación y otros delitos contra ejecutivos de la Agencia Estatal de Vivienda por el uso de recursos destinados a vivienda social en la construcción de la villa deportiva de los juegos Odesur 2018.

Esa agencia, mediante la construcción de la villa deportiva, desvió recursos de su fin original para hacer la villa. La agencia estatal sólo puede construir viviendas sociales.

La edificación supuestamente irregular de los 14 bloques, ahora habitacionales, se denomina condominio La Tamborada e implicó un costo de 235,4 millones de bolivianos.

El senador Ortiz denunció ante el Ministerio Público, además de malversación, los delitos de conducta antieconómica, daño económico al Estado, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.



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