Revilla denuncia “persecución judicial y política” y asegura que el MAS quiere descabezar la Alcaldía

Brújula Digital |20|8|19|
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, denunció que el oficialismo ha orquestado una “persecución judicial y política” en su contra y que ha colocado al fiscal del “caso terrorismo”, Marco Antonio Rodríguez, para realizar la acusación penal por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma.

El fiscal Rodríguez pidió la detención domiciliaria de Revilla, además de arraigo, el pago de una fianza, que deba acudir a firmar a la Fiscalía e imposibilidad de acercarse a ciertos lugares de La Paz. Esa acusación responde a la acción asumida por el alcalde masista de Achocalla, Dámaso Ninaja, y se definirá en una audiencia judicial que debía realizarse este jueves 22, pero que ha sido suspendida. 

Revilla también debía asistir a otra audiencia hoy para declarar por el caso “Yo Soy Mi Primer Amor”. No obstante, ésta también fue suspendida a requerimiento de la fiscal Edna Montoya.

Aparte de esa acusación, Revilla enfrenta otros cinco procesos por el caso del deslizamiento, registrado en enero pasado, todos promovidos por dirigentes y legisladores del oficialismo, como las diputadas del MAS Betty Yañíquez, Valeria Silvia, Sonia Brito, el diputado suplente Remberto Calani, el alcalde Ninaja y el candidato a senador Rogelio Mayta.

Además, su esposa Maricruz Ribera enfrenta otro proceso, porque supuestamente personal de la Alcaldía trabajó en la fundación “Soy mi primer amor”, que ella dirige. Ribera ha rechazado esa acusación y ha señalado que funcionarios de la Alcaldía se desempeñaron como voluntarios en su entidad.

Otra de las acusaciones proviene de un sector que no tiene relación directa con el deslizamiento, como el sindicato de la mina La Chojlla, que presentó una “acción popular” contra el Alcalde y que llegó hasta el Tribunal Constitucional.

“Aquí hay una estrategia de persecución judicial y política porque lo que el MAS quiere hacer es descabezar la Alcaldía, debilitarla, y prepararse para tomar el municipio en las elecciones de abril próximo”, dijo Luis Revilla.

La autoridad expresó que “no se siente atemorizado”, pero sí preocupado por el futuro de La Paz. Explicó que para que cualquier acusación en contra de cualquier persona, debe realizarse primero una auditoría ambiental, que pueda establecer las causas, efectos y las posibles responsabilidades.

“Sin una auditoría, no puede establecerse científicamente si ha habido daño ambiental, tampoco un proceso, menos aún de tipo penal, eso dice la ley”, expresó el Alcalde.

Tras la acusación de Ninaja, el fiscal Rodríguez, encargado también del denominado “caso terrorismo” hizo la acusación de “incumplimiento de deberes y daños a la salud pública”.

TCP: otra acusación

Los dirigentes Teodoro Blanco y Simón Apaza, de la mina La Chojlla, ubicada a 85 kilómetros del relleno de Alpacoma, también presentaron un proceso, esta vez ante el Tribunal Constitucional, en forma de una “acción popular” exigiendo que el ingreso al relleno, que estaba bloqueado en ese momento, fuera liberado.

Sin embargo, el relleno fue desbloqueado, pero lo curioso es que los magistrados del Tribunal Constitucional prosiguieron con el caso y fueron más allá de lo que pedía la “acción popular”. Afirmaron que habían encontrado supuestos “ilícitos penales” y pidieron a la Fiscalía que active “mecanismos de persecución penal” contra Revilla.

El Alcalde expresó que existen siete irregularidades en esa sentencia del Tribunal. Entre otras, dijo, los magistrados del Tribunal Constitucional encargados de la misma, Gonzalo Hurtado y René Espada, no podían tener “suficientes elementos de convicción” de que se cometió una falta en el deslizamiento, ya que no se ha realizado todavía la auditoría ambiental ordenada por ley para establecer aquello.

Expresó que la normativa es clara y que el Decreto Supremo 28499 establece que una auditoría ambiental es el primer paso para determinar si un problema como el del deslizamiento de Alpacoma implicó una irregularidad.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua ya ha convocado a una licitación para la contratación de la empresa que haga esa auditoría con el fin de “identificar y evaluar las causas del colapso de la macrocelda” del relleno, “identificar y evaluar los impactos ambientales producidos por el deslizamiento de los residuos sólidos (...) y evaluar los efectos ambientales negativos en el área de estudio”.

También los magistrados acusan al Alcalde de que hasta junio pasado no había ordenado a la empresa Tersa, que administra el relleno, a hacer la auditoría ambiental. Pero la ley establece que dicha auditoría no debe hacerla el operador del relleno ni la Alcaldía, sino, como ya se dijo, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

De la misma manera, todavía sin que se realice la auditoría, los magistrados aseguran que se deslizaron 850 mil metros cúbicos de basura sólida y 10.000 litros de lixiviados (líquidos que salen de la basura).

Los magistrados Hurtado y Espada acusan paralelamente a Revilla de que el deslizamiento provocó la contaminación del “río Alpacoma”. Al respecto, un informe de la Alcaldía expresó que “no existe un río Alpacoma. Se trata de una quebrada que no tiene un curso de agua natural. Por la quebrada corren aguas residuales –“servidas”– que bajan desde la ciudad de El Alto. Y dichas aguas se encuentran contaminadas desde su origen: las alcantarillas de la ciudad vecina”.

El informe municipal agrega que el municipio ha construido cinco diques en el río Achocalla para evitar que los lixiviados “lleguen al curso de agua natural”.

Otro de los asuntos que establece la sentencia de los magistrados Hurtado y Espada es que el relleno de Alpacoma no tenía una licencia ambiental vigente, pero ello no es correcto, ya que el Decreto Supremo 28592 establece que la licencia fenece en 2020.

“Nada de esto impedirá que yo siga trabajando en favor de La Paz, que yo siga defendiendo a la ciudad e impida que esta ofensiva legal y política descabece a la Alcaldía”, expresó.