Piden sancionar al Gobierno por la violación de los derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS

Brújula Digital|16|01|19|

La Comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza exigió el miércoles la sanción del Gobierno de Bolivia por las violaciones permanentes a la Madre Tierra en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde se iniciaron las obras de la construcción de la carretera que pretende unir Villa Tunari, en el centro del departamento de Cochabamba, con San Ignacio de Moxo, en el Beni.

En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió mantener en vigencia la Ley 969 que eliminó la intangibilidad del TIPNIS y reabrió el debate sobre la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos. Esta norma fue promulgada el 13 de agosto de 2017.

“La Comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los Derechos de la Madre Tierra y a otros cuerpos jurídicos que le reconocen como sujeto de derechos”, señala el texto presentado por los miembros de la Comisión vía online en la APDHB en La Paz.

El informe también exige la paralización de la construcción de la carretera por el TIPNIS por los impactos ambientales que causaría una carretera por una de las mayores reservas naturales del país.

La comisión está compuesta por el ecuatoriano Alberto Acosta, el argentino Enrique Viale y la estadounidense Shannon Biggs. Ellos estuvieron en Bolivia en agosto de 2018 para visitar el TIPNIS, sin embargo, durante su presencia fueron descalificados por autoridades de Gobierno y no les permitió el ingreso al Polígono Siete, que es el sector del parque nacional donde se instalaron colonizadores productores de coca.

En el informe, se afirma que las comunidades indígenas del TIPNIS tienen su base productiva y reproductiva en las actividades tradicionales de caza, pesca, recolección y agricultura con impactos negativos mínimos sobre los ecosistemas, pero esa forma de vida no puede coexistir con la lógica que llevan los colonizadores.

“Estas formas de vida indígena no pueden convivir con el modelo de desarrollo impuesto por los colonos que se basa en la parcelación de la tierra y la desaparición de normas y reglas culturales de reciprocidad de las comunidades indígenas”, señala.

La Comisión alertó que se ha generado una crítica situación de sobrevivencia cultural, en la cual los indígenas deben mimetizarse en la dinámica de producción de coca y su afiliación al sindicato por un lado, la venta de mano de obra o la migración.

Se indica también que, según datos de 2018, la tasa de pérdida de bosque en el Polígono Siete controlado por colonos es ocho veces más alta que en el resto del TIPNIS y el doble que en toda la Amazonía boliviana. En este sentido, la comisión advirtió la construcción de la carretera ampliará el modelo de los colonizadores y su lógica de producción.

En cuanto a la consulta “previa” que realizó el Gobierno para justificar la construcción de una carretera, la comisión también tuvo sus observaciones. Señaló que la consulta no fue previa al haberse realizado dos años después de la aprobación del protocolo de financiamiento de la construcción de la carretera. Observó también que hubo regalos, prebendas y promesas de desarrollo condicionaron los criterios, entre otras críticas.

“Esta Comisión en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los derechos de la Madre Tierra y a otros cuerpos jurídicos”, declaró Acosta desde Ecuador vía online.

Exigencias puntuales

·  La paralización definitiva de la construcción de la carretera por el TIPNIS.

·  La derogación de la Ley 969 de agosto de 2017 que le quita la intangibilidad al TIPNIS.

·  La adopción de medidas para detener el avance de la colonización hacia la zona núcleo del TIPNIS.

·  La consolidación territorial y la autonomía del Territorio Indígena Multiétnico en el Bosque de Chimanes, lo que permitiría el control y gestión integral con el TIPNIS.

·  La anulación de los planes de expansión petroleros.

·  La identificación y sanción de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos en 2011 en Chaparina.

Fuente: Erbol