La Paz, 29 de marzo de 2024
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Brújula Digital|23|11|18|
El Gobierno anunció el viernes que los jueces, que dejaron sin efecto la detención domiciliaria del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, serán procesados penalmente. "Vamos a evaluar en las siguientes horas una interposición de una acción penal contra estos vocales" de la Sala Penal Segunda, anunció el viceministro de Transparencia Institucional, Diego Jiménez.
El caso “mochilas I” es investigado desde el 3 de abril, porque supuestamente la Alcaldía de Cochabamba adquirió útiles escolares y las mochilas para la gestión 2018 de la empresa accidental “26 de Febrero”, que compró el lote de materiales en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero la comuna comprometió el pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.
Leyes estuvo con detención domiciliaria desde abril del presente este año, acusado de licitar la adquisición, cuando los materiales ya estaban hechos o adquiridos.
Advirtió que se
responsabilizará de "manera exclusiva" a los vocales de la Sala Penal
Segunda si Leyes se fuga o elimina evidencia existente sobre el caso, en la
Alcaldía de Cochabamba.
Jiménez explicó que la determinación judicial debe ser revocada, porque a su juicio "fue confusa, injustificada, irracional e ilegal", porque tras levantarse la detención domiciliaria a Leyes le prohibió tener contacto con personal de las direcciones municipales de contrataciones, financiera y de transparencia, entre otras.
Sin embargo, anunció que el lunes se realizará una nueva audiencia, por el caso
mochilas II, en la cual se pedirá la detención preventiva de Leyes, aunque
advirtió que tal vez el acusado recurra a tácticas como el “desmayarse” para
evitar ese acto procesal.
El viceministro de Transparencia Institucional consideró “más grave todavía” la actuación de los jueces porque “está fuera de su mandato legal”, pues “ellos (jueces) son la autoridad jurisdiccional, pero la investigación es estrictamente responsabilidad del Ministerio Público”.
La autoridad manifestó que la resolución de los vocales de la Sala Penal Segunda tampoco consideró los indicios de corrupción registrados en ese caso, entre ellos, que las mochilas fueron hechas e importadas desde la China, antes de que se lanzara la licitación respectiva y la suscripción de un contrato que incumple requisitos mínimos.