Denuncian que la práctica común es la descalificación de la opinión y del trabajo de la prensa

Brújula Digital|10|12|18|

Un informe sobre el estado de situación de los derechos humanos en el país, presentado el lunes por la Unión  Nacional  de Instituciones  para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB), señala que la tendencia es la descalificación de la opinión, de la libre asociación y del trabajo de la prensa.

“Una de las prácticas más comunes es la estigmatización de personas u organizaciones, entendida como la emisión de juicios de valor que las minimizan y menosprecian en el ámbito público. En varias ocasiones, altas autoridades públicas han descalificado las opiniones, los cargos, el trabajo y las capacidades de medios de prensa, instituciones, organizaciones políticas y plataformas ciudadanas, menoscabando su derecho a impartir información y opiniones”, dice parte del documento.

El texto, leído por la directora de UNITAS, Susana Eróstegui, también denuncia que la libertad de expresión es limitada con actos como la clausura temporal de la radio Gran Chaco en Yacuiba o la sugerencia del presidente Evo Morales a los pobladores de los Yungas para que prohíban el ingreso de cualquier grupo opositor a la zona y el proyecto de ley propuesto para sancionar la mentira.

Otra de las denuncias señala a las organizaciones sociales afines al gobernante MAS que “presionan a medios de comunicación con el fin de limitar la difusión de información real y objetiva, que podría verse como perjudicial para el gobierno nacional, inclusive aplicando  persecución y asfixia operativa o económica a aquellos medios que no se sometan, provocando que muchos actores sociales o medios de comunicación se autocensuren”.

El informe señala que en los últimos 12 años hubo escasa difusión de información gubernamental, como estableció la Asociación Nacional de Prensa, pese a la existencia del derecho de acceder a datos estatales. La difusión que hace el Gobierno “no responde a las inquietudes de la sociedad civil”.

Afirma que “en la práctica se enfrenta muchas dificultades para obtener información de manera objetiva, completa, detallada y oportuna, lo que limita la capacidad de los actores, tanto para disponer de datos fiables para aportar en las consultas como para el seguimiento de la implementación de la correspondiente política de desarrollo”.

Limitan libertad de asociación

En lo que respecta a la libertad de asociación, el documento denuncia que existen muchas limitaciones por una burocracia estructural, la cual se ha intensificado los últimos años. El documentos explica que las organizaciones de la sociedad civil deben pasar por esa burocracia para obtener los registros necesarios y operar a nivel, pero “cuando lograron superar procedimientos largos y engorrosos, son susceptibles de enfrentarse a la revocatoria de su personería jurídica en el marco de un proceso poco respetuoso con los estándares internacionales que alcanzan al derecho de asociación, sobre todo en caso de incidir o actuar en contra de los lineamientos del Gobierno Nacional, especialmente cuando se debaten temas sensibles sobre derechos humanos y medio ambiente”.

En cuanto a la protección a grupos vulnerables, el informe menciona que el Gobierno otorga un mínimo cuidado tanto a la población como a las organizaciones que abogan por sus derechos, y en muchos casos se ha utilizado la fuerza pública para reprimir manifestaciones. Menciona como ejemplos los casos de la UPEA (donde murió un estudiante) y Adepcoca (en el que fallecieron tres personas y hay un dirigente acusado y encarcelado sin pruebas)

Se menciona también que el drama de los enfermos con cáncer que se visibilizó con la movilización de miembros de la Asociación de Personas con Cáncer, Familiares y Voluntarios, ejemplifica que la normativa que reconoce los derechos a favor de poblaciones vulnerables no tiene el respaldo político o financiero.

El tema de los pueblos indígenas, también es mencionado por “la falta de protección a sectores vulnerables donde no se cumplen los estándares de protección y las garantías de derechos, poniendo como ejemplo los casos de las hidroeléctricas El Bala y Rositas, donde el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas reveló la violación del derecho a la consulta de los pueblos originarios en Bolivia.

En cuanto a la institucionalidad democrática, el informe se refiere a dos casos específicos de entidades de las cuales pone en duda su independencia: el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) con directores interinos durante los últimos 12 años y que permite titulación de tierras en reservas naturales; y el Tribunal Supremo Electoral por la programación de Elecciones Primarias de manera repentina y la habilitación del binomio Morales-García Linera.

“Es imperante que el Estado se enfoque en el mejoramiento de las políticas para la protección de los derechos, considerando que las tres libertades (asociación, reunión pacífica y Expresión) son las bases fundamentales de una sociedad democrática de Derecho, y que es deber del Estado garantizarlas y priorizar su protección. Esta importancia reviste de igual manera a los derechos de los defensores de Derechos Humanos y a la consolidación de la Institucionalidad Democrática de manera transversal al Estado”, concluye el informe.

Después de la presentación del documento, se entregaron reconocimientos, entre ellas a Amparo Carvajal y a la Asociación de Pacientes con Cáncer.