Informe de la comisión legislativa excluye a Mesa de la lista del cobro de sobornos

Beatriz Layme|Página Siete|14|11|18|

El informe de la comisión legislativa que investigó el caso Lava Jato en Bolivia no menciona que el expresidente Carlos Mesa haya cobrado sobornos de las empresas Camargo Correa y Odebrecht, pero ratifica que detectó movimientos  sospechosos en sus cuentas bancarias.

La comisión, conformada en su mayoría por legisladores del MAS y que contó con un financiamiento de un millón de bolivianos,   presentará hoy a la Asamblea Legislativa las conclusiones de su trabajo.    

La diputada Susana Rivero (MAS), quien presidió la comisión, informó  que  se investigaron los proyectos carreteros Roboré-El Carmen; El Carmen-Arroyo Concepción; Potosí-Uyuni; San Ignacio de Moxos-Villa Tunari y Potosí-Tarija-Villazón.

El reporte de esa indagación  concluye que se encontraron “indicios suficientes para sospechar presuntos sobornos pagados por parte de  la empresa Camargo Correa para la construcción de la  carretera Roboré - El Carmen a Carlos Eduardo Morales Landívar, en su condición de ministro de Obras Públicas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada”.    Asimismo, la comisión presume que cobró coima Jorge Nicolás Peredo Flores, en su condición de gerente general del ex Servicio Nacional de Caminos  (SNC), “como responsable del proceso de contratación”. 

El documento también señala que “existen indicios suficientes para sospechar presuntos sobornos” de la empresa brasileña Odebrecht en favor de  Luis Humberto Landívar Pereira, gerente de Construcción del ex-SNC como “responsable de elaborar y modificar los pliegos de licitación”.

El informe agrega que “existen  indicios suficientes para confirmar una relación empresarial” entre Mario Avelino Moreno Viruez, quien fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, “con los intermediarios de Camargo Correa”.

No obstante, el reporte señala que la investigación “detectó movimientos inusuales y sospechosos de dinero” en las cuentas bancarias de Mesa y otras ocho exautoridades. 

El punto siete de las conclusiones del informe establece: “La Comisión no ha logrado la suficiente convicción para determinar cuál de las cuatro exautoridades del gobierno de Mesa podría ser C.M.”.

Reportes de la operación Castillo de Arena, de la Policía Federal de Brasil y la Superintendencia Regional en San Pablo, señalan que   el 18 de agosto de 2004, desde Brasil, se realizó el pago del soborno de 158 mil dólares a una persona con las iniciales C.M.

 Por otro lado, las conclusiones de las pesquisas establecen que la construcción y entrega de la carretera  se concretó en la gestión del presidente Morales. Además, se agrega que el primer mandatario emitió el Decreto  Supremo 28937, el 22 de noviembre de 2006, que rebaja la tasa de interés del crédito de la CAF.

 Rivero, en un video que publicó en redes sociales, aseguró que en el gobierno de  Morales “no se tocaron esos contratos ni se cambiaron las fuentes de financiamiento ni se aumentaron los precios”.

El diputado Víctor Borda (MAS)  aseguró que la responsabilidad directa la tiene Mesa, porque fue en su gestión que se concretó la llegada de Camargo Correa y Odebrecht.

Agregó que el presidente Morales “apeló a la buena fe” del trabajo que realizaron anteriores gestiones. “Como Presidente no podía arbitrariamente declarar nulo los procesos”, dijo Borda.

Informe preliminar

La “comisión paralela” que investigó el caso Lava Jato, dirigida por el senador Arturo Murillo (UD), indicó que las indagaciones de ese equipo    no concluyeron, porque se espera que en las próximas semanas recibirán de autoridades de Brasil  documentos sobre el caso Lava Jato.

“Con el cambio de gobierno en Brasil, algunos diputados y senadores que asumirán funciones en febrero del 2019 nos ofrecieron nueva documentación. Nos parece importante ser pacientes para demostrar las irregularidades que se registraron en el país”, indicó Murillo. 

En ese marco, el legislador señaló que preliminarmente   ven necesario investigar los gobiernos de Mesa, Rodríguez Veltzé y Morales; además de Camargo Correa y  Odebrecht, plantean  indagar a las  empresas brasileñas  OAS y  Queiroz Galvao y a la firma española  Corsán Corviam.

“El MAS solamente quería investigar a una empresa y un gobierno, nosotros creemos que se debe investigar a los tres gobiernos, porque participaron en los procesos de contratación y financiamiento”, sostuvo Murillo, quien dijo que Rivero no podía presidir ni ser miembro de la comisión porque fue ministra cuando se ejecutaron las obras.

El punto de partida de las pesquisas 

La comisión legislativa que investigó el caso Lava Jato se conformó el 3 de abril de 2018 con la misión de “investigar, determinar si existieron indicios de prueba en procesos judiciales de carácter internacional  sobre sobornos a servidores públicos o políticos en Bolivia”, pagados por  las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.

   Otra tarea de la comisión fue   identificar a las personas que recibieron coima;  y en caso de confirmarse, remitirlas al Ministerio Público.

En abril de este año, la Policía Federal de Brasil certificó 51 pagos o sobornos a funcionarios bolivianos por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, El Carmen - Arroyo Concepción, tramos que se adjudicaron  Camargo Correa y Odebrecht.

 Asimismo, la Asamblea Legislativa aprobó un millón de bolivianos para el trabajo de la comisión del caso Lava Jato, en su mayoría conformada por legisladores del MAS. Norman Lazarte fue el diputado de oposición que formó parte de la misma, pese a ser desautorizado por su bancada, Unidad Demócrata.

Luego de seis meses de investigación, la comisión identificó tres “serios indicios” de responsabilidad que apuntan a la gestión del expresidente Carlos Mesa y a   ocho exautoridades.

Con esos antecedentes, la comisión recomienda a la Asamblea Legislativa remitir su informe al Ministerio Público, que dirige Juan Lanchipa,   “para que active la cooperación judicial internacional con la República de Brasil y Perú a fin de pedir mayor documentación del caso”.

El objetivo de solicitar aquello es para “profundizar  la investigación a partir de los hallazgos encontrados”.