ANÁLISIS: El TSE está contra las cuerdas y los candidatos, en guerra sucia

Hernán Terrazas E. (Análisis)

Brújula Digital |9|11|18
El Tribunal Supremo Electoral está en una grave disyuntiva. Si actúa conforme a ley debería pronunciarse por la inhabilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera, como candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Estado, respectivamente, pero si se somete a la presión que ejerce el órgano Ejecutivo para torcer una decisión en favor de los ya proclamados candidatos del MAS, enfrentará la responsabilidad de haber profundizado el debilitamiento de la democracia.

La composición actual del TSE da lugar a la suspicacia, no sólo por los cambios recientes realizados en esa instancia, como secuela de la renuncia de dos vocales, sino sobre todo porque hasta ahora ha sido vacilante y recelosa para poder expresar una posición institucional respecto a temas que hacen a la necesidad de asegurar un proceso electoral transparente, en una circunstancia política crítica.

De todas maneras, la posición que defina el árbitro electoral constituye la última esperanza para que se respeten los resultados del Referéndum del 21 de febrero de 2016, luego de no haber prosperado la presión pública de las organizaciones ciudadanas, ni los múltiples pronunciamientos de la Iglesia, los empresarios privados, la mayoría de los comités cívicos y hasta un reactivado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), que no había tenido vigencia desde los, por fortuna, lejanos tiempos de las dictaduras.

En las últimas horas, algunos líderes políticos y plataformas ciudadanas recordaron que en vísperas de la realización del referéndum el propio TSE difundió un spot en el que aseguraba que, si ganaba el NO, Evo Morales y Álvaro García Linera no podían volver a ser candidatos.

Desde entonces y salvo por el cuestionado fallo del TCP del 28 de noviembre, que dio luz verde a la reelección indefinida de las autoridades nacionales, departamentales y locales, no se ha registrado ninguna modificación constitucional que amerite un cambio en la posición que refleja la mencionada pieza televisiva.

En otras palabras, si los vocales del TSE son consistentes con los mensajes que avalaron hace apenas dos años, Morales y García deberían quedar fuera de los comicios.

Como lo apunta el exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, “el Presidente y Vicepresidente del Estado en ejercicio, fueron elegidos con la norma prevista por el art. 168 de la Constitución, que fija el período constitucional en cinco años y prevé la reelección continua por una sola vez, fue bajo ese marco jurídico y reglas vigentes que los ciudadanos y ciudadanas votaron por ambos ciudadanos y los invistieron del mandato popular, reglas que no pueden ser modificadas en el camino sin infringir el principio de seguridad jurídica y afectar el Estado constitucional de Derecho”.

El MAS ha optado por la estrategia del miedo, tanto para amenazar a los vocales electorales, como para describir un escenario de turbulencia política y social, si no se permite a sus candidatos ejercer un supuesto “derecho humano” a ser reelegidos las veces que se les antoje.

Lo que en realidad está bajo amenaza es la propia democracia, representada por quienes tienen a su cargo la tarea de hacer respetar las reglas constitucionales que prevalecen para elegir y ser elegidos, y que ahora se encuentran bajo la mirada feroz de quien parece haberles encomendado una tarea ineludible.

El papel de las oposiciones frente a este escenario parecía poco coherente con la necesidad de mantener la defensa del 21F como uno de los ejes más importantes de acción política, aunque posiblemente mucho más realista ante la constatación de que ya nada se podía hacer para evitar que se consumará el ardid constitucional con el que el MAS quiere llevar nuevamente a Morales y García a una elección.

En ese clima de tensión, agudizado por la cercanía de la fecha en la que el TSE deberá pronunciarse sobre la legalidad de las candidaturas, surgieron también las primeras escaramuzas de la guerra sucia, con los antecedentes del caso Lava Jato como polémico telón de fondo a una puesta en escena política que, con seguridad seguirá mostrando tramas y actores en permanente arrebato.

Lava Jato es hoy, a más de un recurso repuesto por el gobierno desde una Comisión obediente en la Cámara de Diputados, una buena manera de crear temática circense, útil para evadir los temas de fondo y funcional al interés de convertir el arranque del proceso en un recuento de anécdotas, donde la lucha en “lodo” de quienes intercambian acusaciones reemplace el debate que se viene sobre la decisión que deberá tomar el TSE.

Hernán Terrazas es periodista.