Ecuador enviará pruebas contra dos exautoridades de Correa y la oposición cree que Evo les dará refugio

Brújula Digital|02|01|19|

El gobierno de Ecuador anunció el viernes que entregará a su par de Bolivia documentación que prueba que la exasambleísta Sofía Espín y el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, acusados por “tráfico de influencias” y falsificación y uso de documento falso, respectivamente, no son perseguidos políticos sino que tienen procesos judiciales en su país. En el país, la oposición anticipó que el gobierno de Evo Morales dará refugio a las exautoridades ecuatorianas, que ya se encuentran en territorio boliviano, porque trabajaron en la gestión de Rafael Correa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador envió una nota a la Embajada de Bolivia en Quito, en la que se detallan  los procesos judiciales que pesan en contra Espín y Ochoa. Con esos antecedentes, la Cancillería ecuatoriana señala que desvirtuará los argumentos de Espín y Ochoa que aducen persecución política, según reporte de Página Siete.

Sobre Espín, se lee que fue destituida de su cargo mediante resolución que fue votada por la mayoría del Parlamento ecuatoriano el 13 de octubre de 2018, debido a “tráfico de influencias”. Se informa que el 23 de enero de 2019, las autoridades judiciales dictaron orden de detención preventiva en contra de Espín.

Según la carta, Ochoa fue destituido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  por “abuso de autoridad”, responsabilidad culposa en la suscripción de contratos y presunto delito de falsificación y uso de documento falso.

En criterio de la oposición, el Gobierno de Morales otorgará refugio a Ochoa y Espín, porque formaron parte del equipo de Correa, su aliado ideológico. “Lo que corresponde es que  Bolivia no otorgue refugio a los exfuncionarios de Ecuador porque tienen deudas pendientes con la justicia.

Pero sabemos que el MAS no se mueve a intereses de países sino a intereses político-partidarios”, dijo el jefe de bancada de UD, el senador Yerko Núñez. Consultados al respecto, legisladores del MAS  indicaron que desconocen el caso y que el trámite de solicitud de refugio y asilo lo realiza Cancillería.  

Espín ocupó altos cargos en el gobierno de Correa  

Sofía Espín asumió altos cargos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. En 2009 fue asesora en el fondo de solidaridad del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, detenido por asociación delictuosa.

Luego,  asumió los siguientes cargos: directora en el Ministerio de Telecomunicaciones (2009-2010), asesora en Sectores Estratégicos (2010-2013) y asesora en la Vicepresidencia (2013-2017). Después  fue electa  asambleísta por el  frente político de  Correa.  

La Fiscalía de Ecuador investiga a Espín por visitar en la cárcel a Jéssica Falcón, detenida por secuestro. Durante su visita,  Espín supuestamente presionó y ofreció a Falcón protección de las Naciones Unidas y su traslado a Europa, a cambio de que se retracte de su declaración contra Correa.

El Ministerio Público  la convocó para que presente su declaración, pero no lo hizo porque estaba fuera de Ecuador,  desde octubre de 2018, según reportes de las autoridades judiciales de ese país.  

El 13 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional de Ecuador,  con 89 votos,  destituyó a Espín por supuesta “incompatibilidad de funciones”. El informe legislativo establece que Espín incurrió en una grave infracción que “lesiona la independencia de poderes del Estado, pues hay indicios de una obstrucción a la función judicial, dentro de un proceso penal de connotación nacional y que involucra al expresidente Correa”. 

En diciembre de 2018, la Corte de Justicia de Guayaquil le prohibió a Espín   salir de su  país, y debía  presentarse  cada ocho días ante las autoridades judiciales.    El 23 de enero de este año, un juez ordenó su detención preventiva. El 17 de enero ya había una orden contra de Espín por no  presentarse cada ocho días.

Ochoa, un “hombre fuerte”  de Correa  

En octubre de 2013, Carlos Ochoa fue designado como el primer Superintendente de la Información y Comunicación (Supercom).

En marzo de 2018, Ochoa, considerado en Ecuador uno de los “hombres fuertes” del expresidente Rafael Correa, fue censurado y destituido del cargo por la Asamblea Nacional de Ecuador.

Es acusado de una presunta falsificación de la Ley de Comunicación para sancionar a medios. En su gestión, la Supercom imprimió 300.000 textos de bolsillo de la Ley, en los que se observa la corrección del segundo inciso de la disposición transitoria sexta de la norma, con la cual se emitieron resoluciones en contra de 11 radios, informó El Comercio de Ecuador. 

El Colegio de Abogados de Pichincha y la organización Fudamedios fueron los que presentaron la denuncia contra Ochoa. Desde 2016,  el caso estaba en fase de investigación previa.

El 23 de febrero de 2018, Ochoa presentó las pruebas de descargo  ante  un posible juicio político en su contra, que se analiza en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador.

 La Fiscalía solicitó en 2018 que se notifique a la Policía Internacional (Interpol) para que se detenga a Ochoa. En esa diligencia, el Ministerio Público  prohibió la venta de bienes por un valor de 86.240 dólares y  su detención  preventiva.  

El exfiscal general Galo Chiriboga pidió que el caso se archive, pero en 2017 un conjuez  rechazó esa solicitud, porque el  pedido fue planteado   cuando ya no ejercía el cargo.

Ochoa, durante su gestión, impulsó 429 multas contra medios de comunicación; además de  centenares de pedidos de  rectificaciones y aclaraciones.