Desvinculan a mujer acusada de estafa agravada que dirigía Dircabi; para Romero debió seguir porque no tenía sentencia

Brújula Digital|08|06|19|

Una mujer que estaba detenida durante dos años en la cárcel de Palmasola y acusada por estafa agravada con múltiples víctimas, dirigió la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes incautados (Dircabi) en Santa Cruz, entre abril y los últimos días. Según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, debió continuar en el cargo porque no tenía sentencia ejecutoriada. El sábado el mismo despacho de Gobierno la desvinculó indicando que Dircabi ni el ministerio de Gobierno tenían conocimiento de la situación jurídica de Patricia Salazar Morant cuando la contrataron.

“Con el objetivo de no generar especulaciones y generalizaciones respecto a la situación de la mencionada (autoridad) se ha procedido a su inmediata desvinculación”, cita el comunicado emitido el sábado por el Ministerio de Gobierno. 

El ministerio de Gobierno designó en abril de este año a Salazar como la responsable de administrar los bienes incautados al narcotráfico en Santa Cruz. La funcionaria pública dijo a El Deber que fue invitada para ocupar ese cargo.

A la fecha, el caso de la estafa agravada con múltiples víctimas terminó su etapa de investigación preliminar y la Fiscalía acusó a Salazar y a Marco Antonio Montero Choma, supuestos autores del delito de estafa, ante el Tribunal Décimo Primero de Sentencia para que sean juzgados y sea esta instancia la que defina su inocencia o culpabilidad, luego de un juicio oral.

Esta acción no logra concretarse, ya que desde enero 2019 hasta la fecha se ha suspendido en cuatro oportunidades y por diversas razones el inicio de juicio oral, el mismo que se espera comience este 11 de junio, la última fecha marcada por los jueces Álex Bejarano Yaveta y Zulema Edith Medina Méndez, luego de la última suspensión ocurrida el 4 de junio. Salazar y Montero estuvieron presos en el penal de Palmasola entre 2016 y 2017, y ahora tienen el beneficio de defenderse en libertad.

Salazar negó el juicio

El Deber constató el jueves (6) que Salazar dirigía las oficinas de Dircabi Santa Cruz. Dijo que esta semana comenzó con la recepción de los bienes incautados en el reciente caso del supuesto narcotraficante Pedro Montenegro Paz.

Salazar, que estuvo hasta 2017 en la cárcel en Palmasola, dijo que en los últimos dos años y medio trabajó en la unidad jurídica de la Aduana en Santa Cruz. Cuando se le consultó sobre si estaba siendo enjuiciada por alguna causa, respondió: “no, no”. Luego se le volvió a preguntar si existe algún proceso por estafa en su contra, a lo que Salazar respondió: “Es algo injusto...” Alegó que ella en realidad descubrió este caso, pero que por supuestas maniobras judiciales la convirtieron en acusada y que el proceso, que según ella debía sustanciarse en Portachuelo, se trasladó a Santa Cruz.

Darling Franco, abogada apoderada de 13 víctimas de la supuesta estafa agravada donde es acusada Salazar y Montero, indicó que esta causa se inició en 2016 debido a las denuncias de estudiantes que habrían sido estafados por unos cursos de un centro de educación técnica en ramas de la salud en provincia.

Romero dice que no tiene sentencia

El ministro Romero confirmó el viernes (7) que Salazar tiene un proceso en su contra pero no tiene sentencia ejecutoriada por lo que no hay un impedimento para que ella pueda ocupar un cargo dentro de la administración pública.

“Hay un proceso para poder acceder a una función pública, no tiene que tener sentencia ejecutoriada y en este caso no tiene, en todo caso el director nacional de Dircabi será la instancia que tomará una decisión al respecto”, dijo Romero a ABI.

Día antes, el jueves(6), se requirió un pronunciamiento al Ministerio de Gobierno a través del director de Conaltid, Hugo Siles, y este señaló que Salazar cumplió con todos los requisitos para el cargo pues no tiene sentencia ejecutoriada u otra causal que le impida acceder al cargo. Sobre si se conocía su proceso y si no es un contrasentido sobre la ‘limpieza’ que se pide en la Policía y otras instituciones pública, señaló que el ministerio de Gobierno tiene una jefatura de Recursos Humanos que realiza las evaluaciones y que Salazar tiene su propia versión como descargo sobre su proceso, la cual ella hizo conocer a este medio periodístico.

Según Dircabi, Salazar cumplió con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, entre ellos no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia de condena ejecutoriada en materia penal, pendiente de cumplimiento, por lo cual se procedió a su contratación en abril de 2017.