De una hora de duración, la película El Robo hace ver que antes de Morales no hubo nada positivo en Bolivia

Brújula Digital |15|4|19|
Raúl Peñaranda U.

La película "El Robo, cuando las leyes se escribían en inglés", financiada por el Estado boliviano y producida por la empresa mexicana Neurona, hace ver durante 61 minutos que nada fue positivo en el país antes de la llegada de Evo Morales al poder en 2006.

El filme, en formato documental, es por momentos una tediosa descripción de eventos, detalladamente expuestos, que se inician en las dictaduras militares de los años 70.

En todas las fases que describe desde la recuperación de la democracia, muestra a los expresidentes Víctor Paz, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga y Carlos Mesa como líderes interesados en empobrecer al país y hacer de Bolivia una nación dependiente.

"El Robo" es la segunda película contratada por el gobierno a productores extranjeros para intentar difamar a los críticos del gobierno. La primera fue "El Cartel de la mentira", y dirigida por el videasta argentino Andrés Salari, con la intención de afectar la imagen de periodistas independientes bolivianos.

El contrato internacional para la realización de "El Robo", ordenado por la exministra de Comunicación Gisela López, ha sido enviado por el ministro actual, Manuel Canelas, a la Contraloría General, para establecer si hubo irregularidad.

La contratación de Neurona -que fue realizada por invitación directa- por la que el Estado pagó un total de 12,4 millones de bolivianos, es uno de los más recientes escándalos de posible corrupción que afecta al gobierno.

El filme se basa en la investigación de la comisión parlamentaria sobre la privatización en Bolivia y tuvo un costo de 783.000 bolivianos, o 112.000 dólares. Tal vez por esa razón la película no tiene créditos, no se sabe quiénes son los guionistas, directores, etc.

Todos los entrevistados, 19 en total, coinciden con la visión del MAS y no se presenta ni uno solo que entregue una opinión diferente a la crítica de los gobiernos previos. Figuran asiduamente las opiniones del vicepresidente Álvaro García Linera, de la diputada Romina Pérez Poma, del senador Rubén Medinacelli, del ministro Javier Zavaleta, del gerente de la refinería Gualberto Villarroel, Javier Antezana, y del exjefe de Comibol, José Pimentel, todos de la órbita del MAS.

Otros economistas, sociólogos e investigadores siguen la línea de tratar de denostar los procesos de privatización y capitalización anterior, con mucha frecuencia de manera redundante.

El segundo interés del documental es criticar a la denominada “democracia pactada” y dejar la idea de que la capitalización provocó miseria e inestabilidad social en el país. No menciona los aspectos positivos de la misma, como el haber logrado importantes inversiones en el sector gasífero, ni tampoco reconoce que de las decenas de empresas privatizadas, la mayoría estaban quebradas y generaban grandes déficits al Estado.

Los políticos más mencionados son el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Samuel Doria Medina, jefe nacional de UN, a quien se los coloca en el centro del interés por privatizar las empresas estatales, que el documental denomina “enajenación”.

Seguramente el interés del Ministerio de Comunicación, al hacer el contrato con la empresa Neurona, era afectar al que en ese momento surgía como un potencial candidato opositor, y por ello las menciones a Doria Medina son frecuentes en la película. A fines del año pasado, este político decidió no participar como candidato a la presidencia.

También se critica fuertemente a Carlos Mesa, actual candidato presidencial.

El documental nombra a unos 30 empresarios y políticos bolivianos, a quienes acusa de haberse confabulado para empobrecer al país en los años 80 y 90. Entre los empresarios, el más mencionado es Raúl Garáfulic Gutiérrez, expropietario de ATB y La Razón, fallecido en 2003. Aparentemente, el deseo de citarlo frecuentemente, mientras se ve la fotografía de su hijo, Raúl Garáfulic Lehm, presidente del directorio de Página Siete, busca confundir al público y afectar la imagen de ese diario.