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Política | 28/03/2019

Choferes presentan denuncia contra actuales y exdirigentes por enriquecimiento ilícito

Choferes presentan denuncia contra actuales y exdirigentes por enriquecimiento ilícito

Choferes de base protestan contra sus dirigentes y les piden cuentas. Foto: Erbol

Brújula Digital|28|03|19|

Dirigentes de choferes sindicalizados presentaron el jueves una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de La Paz en contra de los actuales y anteriores dirigentes de la Federación Departamental 1ro de Mayo y en contra del actual secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, exdirigente del sector en El Alto, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y otros.

Un reporte gubernamental señala que un grupo de dirigentes de choferes federados recibió cerca de 12 millones de bolivianos en sus cuentas personales de la estatal Vías Bolivia, en el periodo 2008 y 2017, por recaudación de 0,20 centavos de bolivianos a los minibuses en la autopista La Paz – El Alto, con el argumento de usar ese dinero para la salud de sus afiliados. El ejecutivo Ismael Fernández dijo que parte de 2,5 millones de bolivianos, los utilizó en viajes, viáticos y “farra”.

Dirigente y choferes de base de los sindicatos Eduardo Abaroa, Pedro Domingo Murillo, Virgen de Copacabana, Exaltación, entre otros, realizaron el miércoles un cabildo en plaza San Francisco, en el que emitieron cuatro puntos, uno de ellos tiene que ver con el inicio de un proceso penal contra los dirigentes que recibieron las recaudaciones y no rindieron cuentas.

El segundo punto consiste en pedir una auditoría externa de los aportes y remitir ese estudio al Ministerio Público. Solicitaron que también se actué en el marco de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. El tercer punto es exigir un seguro de vida y salud para los afiliados federados. En el cuarto punto se determinó desconocer a los dirigentes de la Federación Departamental 1ro de Mayo y la Federación Andina de El Alto. Por último, se pidió “voto universal” para la elección de nueva directiva.

La demanda penal presentada por los choferes de base se suma a la iniciada por los diputados opositores Rafael Quispe y Wilson Santamaría. La Fiscalía Departamental de La Paz admitió el 18 de marzo la denuncia interpuesta en contra de dirigentes de la Federación de Choferes 1 de Mayo y Vías Bolivia por los presuntos delitos de malversación y Contratos Lesivos al Estado.

La fiscal de análisis Verónica Jara explicó entonces que la resolución que admite la denuncia indica en su parte principal que “se admite la presente denuncia promovida por los diputados opositores (UD) Rafael  Quispe  y Wilson  Santamaría en contra de Vías Bolivia, Ismael Fernández, Rubén Sánchez, Fortunato Sirpa, José Antonio Choque, Cristomo Quispe y Mario Silva, por la presunta comisión de los delitos de malversación y contratos lesivos al Estado y otros previstos y sancionados en el Código Penal”.

Proceso penal contra dirigentes

La denuncia de los choferes de base está patrocinada por el abogado Frank Campero, quien indicó que cuatro sindicatos se sumaron a esta denuncia: Eduardo Abaroa, Pedro Domingo Murillo, Virgen de Copacabana y Pioneros Terminal, según reporte de Erbol.

De acuerdo con el jurista, los delitos denunciados son enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contrato, contribuciones y ventajas ilegitimas, además de amenazas que habrían sufrido los sindicatos que impulsan el proceso.

Campero informó que la pretensión es investigar desde la gestión de Franklin Durán hasta Ismael Fernández. Entre los que manejaron la Federación en ese periodo, están René Vargas y Rubén Sánchez.

Los denunciantes exigen que los dirigentes antiguos y actuales rindan cuentas sobre el uso de los casi 12 millones de bolivianos. Sostienen que los choferes no cuentan con prestaciones de salud que justifiquen ese monto.

Lucio Quispe, secretario general de Eduardo Abaroa, indicó que la denuncia se ampara en el estatuto de la Federación y que los sindicatos se presentan ante el Ministerio Público en calidad de víctimas, porque sus aportes fueron manejados por la cúpula dirigencial.



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