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Política | 03/10/2018

Ante el silencio del Gobierno, diputados piden informe sobre gastos realizados ante La Haya

Ante el silencio del Gobierno, diputados piden informe sobre gastos realizados ante La Haya

Reunión de evaluación del presidente Morales con el equipo técnico jurídico, en La Haya. Foto: ABI

Brújula Digital|03|10|18|

Chile informó que gastó 24,4 millones de dólares en la defensa del juicio que le instauró Bolivia por la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia. Ayer, el presidente Evo Morales evitó dar el monto que erogó Bolivia. Hoy, los diputados opositores Yerko Núñez y Amilcar Barral solicitaron a cuatro ministros y al procurador del Estado, un informe escrito sobre el gasto realizado por Bolivia en los más de cinco años que duró el juicio contra Chile por la demanda marítima.

“Informe señor ministro a cuánto ascienden los gastos realizados por su Ministerio, en relación a la demanda presentada por nuestro país en contra de la República de Chile, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, a partir del 13 de junio de 2013 hasta la fecha, cuando el gobierno de Bolivia inició formalmente para obligar a Chile a renegociar una salida soberana al mar”, se lee en la solicitud hecha por Núñez y Barral a los cuatro ministros y el procurador del Estado a través de la presidencia de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.

Los ministros que deberán responder por escrito son: de Relaciones Exteriores, Diego Pary; de Justicia, Héctor Arce; de Comunicación, Gísela López; de la Presidencia, Alfredo Rada; además del procurador General del Estado, Pablo Menacho.

La petición de informe también exige que las autoridades mencionadas deben reportar sobre el número de viajes realizados por autoridades y funcionarios de cada uno de los ministerios señalados; también pide informe de cuánto es el costo total de pasajes, viáticos y otros gastos erogados entre el 13 de junio de 2013 a la fecha.

También solicita: “informe usted, si el Ministerio a su mando o a través de sus antecesores realizó algún contrato de prestación de servicios con algún bufete de abogados nacionales y/o internacionales o algún otro equipo de profesionales, en la defensa de la demanda para solicitar a Chile la negociación de una salida soberana al mar, que Bolivia inició formalmente ante la Corte Internacional de Justicia”.

Ejecutivo evitar dar el monto

Ante la consulta de un periodista que pidió conocer el monto del gasto realizado por Bolivia en el juicio a Chile, el presidente Morales, en conferencia de prensa del martes, se limitó a decir: “Con relación al tema… no sé si manejar el tema de cuánto se ha gastado o no se ha gastado; pero claro, respetamos, respetamos el informe” de la CIJ.

Horas después, el canciller Diego Pari evitó hablar de los gastos que realizados por el país en la demanda marítima en La Haya. “Más allá del monto que se ha gastado, lo importante es que hemos dado presencia a nuestra demanda histórica”, señaló, según reporte de radio Fides.

El gasto realizado por Bolivia ante la CIJ está considerado como información confidencial, "por la naturaleza estratégica de la precautela y defensa de los intereses del Estado", según el Decreto Supremo 2698, del 9 de marzo de 2016, promulgado por el presidente Morales, reportó El Deber.

La norma guarda en secreto las contrataciones de bufetes de abogados realizadas por la Procuraduría General del Estado y exime a esa institución de presentar su rendición de cuentas.

El artículo quinto de la norma dice así: "Se establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo, por la naturaleza estratégica de la precautela y defensa de los intereses del Estado" y añade que "se exime a la Procuraduría General del Estado del registro en el Sistema de Contrataciones Estatales - SICOES, en el marco del presente Decreto Supremo, debiendo remitir los contratos firmados a la Contraloría General del Estado".

Chile informó que hasta marzo de 2018, cuando se realizaron los alegatos orales en La Haya, había erogado 22,9 millones de dólares, los que incluían los pagos realizados a los seis abogados del equipo jurídico internacional que defendió al vecino país ante la CIJ. Al finalizar el proceso reportó que el gasto alcanzó a 24,4 millones de dólares.



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