Torturas a dirigentes yungueños

Saúl Tito Apaza fue detenido en la localidad yungueña de La Asunta acusado por el coronel William Cordero de la FELCC por tenencia de explosivos, un hecho que no fue comprobado, pero que fue el pretexto para detenerlo. Fue torturado durante toda la noche. Un policía le tomó una fotografía que circuló en las redes sociales y en la que se refleja el rostro completamente destrozado de Tito Apaza.
Fruto de la golpiza y tortura reveló dónde se encontraba Sergio Pampa, quien también fue detenido. Pampa es el segundo hombre de Adepcoca –después de Franklin Gutiérrez, que también está preso– y era imperativo para el Gobierno detenerlo, acusarlo de terrorismo e inhabilitarlo en la conducción de la organización cocalera.

El Gobierno intenta, durante casi un año y medio, desbaratar la organización independiente de los cocaleros de Yungas. El Gobierno intentó imponer una directiva a dedo, ocupar con policías el mercado legal de coca de Villa Fátima y detener a Franklin Gutiérrez, acusado de un crimen que no cometió, hará pronto lo mismo con Sergio Pampa, quien también es acusado de un crimen que no cometió.

El 12 de junio pasado, cerca de un río del municipio de La Asunta, apareció el cuerpo sin vida de Eduardo Apaza, el secretario de hacienda del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay). Apaza conducía un Toyota Noa cuando fue detenido en el camino por Antonio Surco y Roberto Chira, que querían robarle el vehículo. Surco fue detenido dos días después del asalto y admitió haber cometido el crimen.

El Gobierno ve ese hecho como una gran oportunidad para acusar a Sergio Pampa, porque considera a Surco como aliado de Pampa. Para ello torturaron a Surco; en una primera ocasión –con el rostro destrozado– llega a las celdas de la Fiscalía de La Paz, pero cinco días después el Ministerio de Gobierno lo filma de nuevo y éste implica a los dirigentes de Adepcoca, a Sergio Pampa y Édgar Bautista.

Con ello, el ministro de Gobierno se permite asegurar que los cocaleros de La Asunta son terroristas, tenían armas vinculadas a extranjeros. Es una manera de quebrar el ala opositora de cocaleros de Yungas.

Antonio Surco, Saúl Tito Apaza y Sergio Pampa no son los primeros torturados. En 2013 el Gobierno también quiso someter a los cocaleros de esa región, Carlos Romero ordenó una incursión para erradicar coca con policías y militares y cuatro personas perdieron la vida. Era exactamente lo que necesitaba el Gobierno.

Fueron detenidos todos los dirigentes y Juan Bascopé fue torturado durante tres días y tres noches; después de cinco años relató que tiene dolores de cabeza espantosos, le destrozaron los nervios de las manos y no las puede mover. Lo dejaron incapacitado.

Sólo la madre llegó a La Paz, rompió su pollera y con ella hizo una faja con la que le envolvió el pecho para atenuar el dolor de las costillas rotas de Bascopé.

Eso es lo que hace el Gobierno con campesinos que cometen el “delito” de ser independientes del MAS. La ironía es que quienes acusan de terrorismo a estas personas cometieron este delito y salieron de la cárcel. Me refiero al vicepresidente Álvaro García Linera y su hermano Raúl, quienes encabezan una especie de Ministerio de Gobierno paralelo.

Raúl García dijo que está orgulloso de lo que hizo, armar al EGTK, que era una organización de bandidos que en 1990 voló torres de alta tensión y gasoductos y en uno de los casos de mayor repercusión se produjo la muerte de dos personas, entre ellas un niño.

Luego se dedicaron a los asaltos, a juntar dinero. Al menos produjeron cinco robos y entre ellos a la remesa de la UMSS de Cochabamba. Estos atentados no fueron sancionados, no llegaron a una sentencia y Álvaro García Linera hoy es Vicepresidente. Pero una historia nueva es que el ex fiscal Marcelo Sosa y otros apuntan a que Raúl García Linera fue el autor de las iniquidades que se cometieron en Santa Cruz al armar el caso denominado de “terrorismo” para detener a gente inocente por delitos que no cometieron.

Lo más grave todavía es la relación del actual Gobierno con Irán. Hace pocos días estuvo en Santa cruz el canciller de ese Gobierno y firmó un memorando de entendimiento con el objetivo de que los militares iraníes den formación a nuestros uniformados. Esta es la culminación de varios memorandos de entendimiento que comenzaron en 2007 cuando el presidente de ese país visitó el país.

Firman acuerdos que son secretos; los iraníes le regalaron un canal de televisión como Abya Ayala a Evo Morales y dos plantas de leche. En 2011 llegó a Santa Cruz el ministro de Defensa de Irán, quien tenía orden de captura internacional por haber participado en un atentado de un centro judío en Buenos Aires en 1994 con un saldo de 80 personas muertas, ocho de ellos bolivianos. La cancillería argentina alertó a la Policía boliviana para que el ministro fuera detenido, pero no lo hicieron. El escándalo fue tan grande que la ex ministra boliviana de Defensa, Cecilia Chacón, y el excanciller David Choquehuanca dijeron que le habían pedido abandonar el país.

A principios de este año, Evo Morales viajó a Venezuela y se reunió con el ministro de Defensa de Irán. Fruto de la reunión vino el canciller de ese país para concretar la venta de drones a Bolivia y establecer la capacitación de los uniformados bolivianos.

Esto es delicado porque Irán está enfrentado abiertamente a EEUU y es la cuna de una organización terrorista, Hezbolá. Cuando las autoridades afirman que se autorizarán entrenamientos no sólo lo harán a los militares, sino a los paramilitares. Esos paramilitares, en Venezuela y Nicaragua, son los que aplastan las rebeliones.

Ello muestra que hay gente entrenada para torturar. Los tormentos son tan inaguantables que las víctimas piden ser ejecutadas. Por eso está prohibida en el mundo y la cometen personas que no merecen ser consideradas como tales. Si esto sigue, no sólo serán los campesinos de los Yungas los que las sufran, sino cualquier opositor.

Tomado del programa Cabildeo

Amalia Pando dirige el programa Cabildeo, que se emite por internet