Represión en Yungas al estilo de Sánchez Berzaín

En una opinión anterior me referí a la muerte del teniente Daynor Sandoval, quien murió el 24 de agosto de 2018 en La Asunta, Yungas, y al proceso judicial forzado políticamente contra el dirigente cocalero Franclin Gutiérrez. Lo importante de destacar ahora es que se ha difundido el informe médico, que cambia la versión oficial. Ese reporte detalla el estado en que llegó el teniente Sandoval al Centro de Salud de Palos Blancos, en Sud Yungas, y su posterior deceso. Lo más importante, no tenía herida de bala.

A las 20:15 de la fecha mencionada llegó el paciente, de 31 años, llevado al hospital por policías y dos doctoras pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de los Yungas. LO que se supo entonces que es que había sufrido agresión por terceras personas.

Estaba en mal estado general, paro respiratorio y presión arterial muy baja, por lo que se le hizo maniobras de reanimación durante el transporte. En emergencias del nosocomio se le hizo un examen físico; en el muslo izquierdo se evidenciaba que tenía un torniquete, realizado por las dos doctoras. En la pierna tenía una herida de 12 por seis centímetros; y estaba inconsciente.

En el hospital se le administraron líquidos, se iniciaron maniobras de reanimación durante una hora y 45 minutos, sin éxito, hasta que falleció a las 22:02. El certificado de defunción fue firmado por el médico Herbert Vilca.

Conclusión, el teniente murió desangrado por falta de atención médica oportuna. Por orden de alguien que no se estableció todavía quien es, no fue trasladado a La Paz en helicóptero. Al contrario, lo llevaron por tierra, desde La Asunta al centro de salud más lejano posible. A medio camino está el hospital de Caranavi, pero no se detuvieron en ese lugar. El teniente se desangró durante tres horas y más en un terrible viaje por tierra.

El informe médico descarta la versión del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien dijo que el teniente fue muerto por bala en una emboscada por un grupo de “terroristas” (cocaleros yungueños). El informe médico cita a las dos doctoras que lo trasladaron en una ambulancia y refieren que el paciente sufrió agresión por terceras personas. No menciona francotiradores ni nada por el estilo.

Los cocaleros dijeron que el día de los hechos, numerosos uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta atacaron con gases lacrimógenos a una asamblea de cocaleros en la central Puerto Unido. Los cocaleros escaparon en estampida y en ella chocaron cuerpo a cuerpo con los policías. En esa agresión, el teniente Sandoval sufrió una herida en la pierna izquierda, como si se tratara de un machetazo, y comenzó a desangrase. Eso pasó por la tarde del 24 de agosto y llegó a Palos Blancos ya desangrado.

Los otros siete policías heridos recibieron atención después de seis horas de viaje hasta Santa Cruz. Estaban con vida porque sus heridas no eran de gravedad. Si hubieran sido provocadas por bala, seguramente no hubieran sido curados. El único que habla de “terroristas” es Romero.

A raíz de la muerte de Sandoval, el Gobierno lanzó una ofensiva informativa y judicial contra los dirigentes de Adepcoca. Franclin Gutiérrez, cuatro días después, fue detenido. No hubo declaración de los otros siete uniformados que presenciaron la supuesta emboscada. Tampoco las doctoras informaron en qué circunstancias recogieron al teniente, quién les instruyó a ir hasta Palos Blancos, por qué no se detuvieron en Caranavi, etc.

Lo único que le importa al Gobierno es la acusación contra Gutiérrez como organizador de “grupos terroristas”, cuya existencia no se demostró. Ni siquiera se halló la bala. Pero después de la detención de Gutiérrez la Policía mató a dos cocaleros a bala (Eliseo Choque y Carlos Vega) en el mismo puente donde se habría producido la emboscada. Esos policías nuca fueron investigados. Pero Gutiérrez es acusado de asesinato y enfrenta una sentencia de 30 años de cárcel.

A los dos cocaleros los mataron en un acto criminal, no se sabe si de revancha o como parte de una política de terror implantada por las autoridades para someter a los cocaleros de La Asunta. El fiscal Fernando Atanacio dijo que los dos cocaleros fueron abatidos por disparos en la cabeza; el fiscal Alexis Videla informó que ambos recibieron disparos en el cráneo; uno tenía cuatro orificios de entrada y de salida; el segundo tenía dos orificios en el abdomen, cabeza y pierna.

La Policía y el Gobierno justificaron las muertes porque supuestamente fueron provocadas por un “choque armado” y “en defensa propia”. El subdirector de la FELCC, Fernando Rojas, dijo que ambos portaban armas de fuego. El entonces Defensor del Pueblo, David Tezanos –quien renunció por propinar palizas a su mujer– dijo que se comprobó el uso de armas por parte de los cocaleros.

Pero no hubo ninguna prueba de pólvora y todo se basó en declaraciones. Lo cierto es que estaban en el puente sin armas. Les dispararon de frente.

Después de estar en la morgue de La Paz, los cuerpos fueron recogidos por sus familiares. Esto fue trágico porque a raíz del impacto, la cabeza de uno de ellos se había desprendido del tórax. El forense, en la emisión del certificado, debía haber colocado la palabra “asesinato”; pero como tiemblan ante el Gobierno, dejó en blanco ese espacio. Pero describió que los dos murieron por impactos de bala; éstas no aparecieron, aparentemente para que no se compruebe que pertenecen a las armas de fuego que usa la Policía.

El gobierno lleva adelante la erradicación a bala en los Yungas, hizo un mercado paralelo de la coca, estableció nuevas credenciales para los comercializadores. De tal modo que represión, terror, muerte y asfixia económica es la estrategia contra ese sector. Ese es el legado de Evo Morales en los Yungas.

¿Usted cree que se está investigando la muerte de los bolivianos que murieron en ese puente, Eliseo Choque y Carlos Vega? Nada, las vidas de hombres indígenas cocaleros no valen absolutamente nada. No se sabe quiénes apretaron el gatillo, pero sí quienes son los autores intelectuales. Morales sigue el mismo manual de Carlos Sánchez Berzaín: inventar la existencia de supuestos “grupos terroristas” para justificar la matanza de los sectores que se levantan contra el Gobierno.

Tomado del programa Cabildeo

Amalia Pando dirige el programa Cabildeo, que se emite por internet