28/08/2019
Informe Especial

Quemas de tierras e invasión de colonos a Santa Cruz

Amalia Pando
Amalia Pando

Hace pocos días el presidente Evo Morales manifestó que una vez que se apaguen los incendios de la Chiquitania se van a preparar para lo que viene después y van a declarar una “pausa ecológica”. ¿Claro, después de semejante tragedia qué se van a meter a producir? No se puede producir nada todavía, pero Morales mencionó la “pausa ecológica” porque pensaba echarles el diente a esas casi un millón de hectáreas.

Más explícito fue el ministro César Cocarico, quien dijo que pese a los incendios la dotación de tierra a grupos de campesinos va a continuar porque ellos garantizan la producción de alimentos. Luego mencionó que el 70% de los alimentos que consumimos los bolivianos lo producen los comunarios.

Obviamente eso es falso, en nuestro país no hay comunarios, lo que sí hay son familias campesinas que representan un tercio de la población económicamente activa del país. No hay campesino que no quiera ser dueño de su tierra y su producción. La ley para la dotación de tierras exige el requisito de ser parte de una “comunidad”. Los campesinos se asocian en un sindicato que hacen pasar como si fuera una “comunidad”.

¿Los campesinos producen el 70% del alimento que consumimos? Falso, resulta que en el gobierno de Evo Morales la importación de alimentos para el consumo se multiplicó por cuatro y esa es la prueba de que los campesinos cada vez producen menos alimentos. La producción en el agro va cayendo y lo único que sube son los productos de exportación, pero dependen de los precios internacionales.

Incluso la quinua, que es un producto tradicional, se produce para la exportación y no para el consumo interno. El maíz tiene relación con nuestros ancestros, aunque ya no se consume tanto en la mesa de los bolivianos, pero si es utilizado para alimentar pollos. Incluso hay que importarlo porque no se satisface la demanda de la industria avícola. El 50% del trigo, que es la base del pan y se produce en Santa Cruz, es importado.

De tal modo que la producción agrícola no es incentivada por el gobierno pese a las metas que se impuso. Por ejemplo, para 2025 el oficialismo pretende producir 45 millones de toneladas de alimentos; y en 2017 las autoridades dijeron que ya se había llegado a 17 millones de toneladas de alimento, lejos de la meta.

En los mercados bolivianos se ve que la mayoría de los productos son importados y de cada cuatro de ellos, tres entran de contrabando. El viceministro de Lucha Contra el Contrabando informó que se interceptaron camiones son 48 toneladas alimentos; de ellas 40 eran de cebollas. La cebolla peruana inundó todos los mercados y los productores nacionales no tienen cómo competir.

Oro caso es del arroz; se supone que Santa Cruz es productor de este alimento y debería ir en aumento; pero los productores del norte cruceño dicen que producen menos que antes porque el mercado está lleno de arroz importado y por ello prefieren producir soya, que se vende a buen precio. La esperanza de producir el 100% de nuestras necesidades de arroz está más lejos que nunca.

El precio del dólar fijo es un incentivo para importar y el productor se da cuenta que es difícil producir en el país. Al final, es el productor es quien subvenciona el alimento y resulta más económico importar esos productos.

Argentina, por ejemplo, es el proveedor del 44% de las importaciones; el Perú tiene cada vez mayor participación y nos vende desde huevos y papa, pasando por cebolla y fruta. Todo esto hunde a la producción nacional; los estudiosos establecen que aumentó tanto la importación que en el país se vive una inseguridad alimentaria crónica. Este es el modelo venezolano, tenían tanto dinero que no se molestaron en producir alimentos. Hubo durante tantos años tal bonanza producida por los hidrocarburos –al igual que nuestro país– que se podían gastar las divisas en importar alimentos. Estamos gastando cerca de 4.000 millones de dólares en alimentos.

El único producto que es excedentario es la coca. Por ello es el único producto en expansión y crecimiento y todos sabemos para qué se emplea. Cuando este grupo de campesinos que obtienen –por muñeca política– tierra en la Chuquitania producirán coca con una mentalidad colonizadora del Presidente.

El gobierno debería ayudar a producir alimentos en los valles, en lugares que son óptimos; el Ministerio que dirige Cocarico destinó 500 millones de bolivianos al programa de “soberanía alimentaria”. Revisamos la planilla y el grueso fue gastado en la campaña electoral. Cada vez que hay elecciones existen más presupuesto para el programa de “soberanía alimentaria” porque se supone que regalan semillas de papa. Una de las beneficiadas fue la alcaldesa masista de Porongo. Pero en Porongo no se produce ni papa y menos semilla. Eso es un negociado tras otro, por ejemplo, compran vacas con sobreprecio y luego las regalan durante la campaña electoral.

Lo concreto es que después de poner en marcha el programa de “soberanía alimentaria” no se incrementó la producción de camélidos, papa ni nada. Este es un programa fracasado que sirvió para dilapidar nuestro presupuesto y al MAS le sirvió para la campaña electoral.

Gracias a las redes sociales se ha conocido el informe de las dotaciones de tierra de abril y mayo pasados. La información proviene de la CSUTCB-Santa Cruz. En esa hoja se anota la distribución de tierras en ocho municipios cruceños a 26 grupos, llamados “comunidades”, autorizadas por el INRA. Fueron distribuidas unas 40.000 hectáreas de tierras de zonas boscosas o reservas naturales. Cocarico aseguró que eran tierras fiscales, pero el INRA distribuye dónde sea y a quién sea.

No sólo son 26 comunidades o grupos quienes recibieron estas tierras. Los cívicos denunciaron más de mil asentamientos humanos en lo que va de la gestión. No se sabe qué van a producir porque se les da el bosque a los beneficiados y cuando lo reciben le prenden fuego. Los cívicos hicieron referencia que en noviembre del año pasado, unas familias quemaron 33 hectáreas de la reserva del Paquío. El levantamiento ciudadano fue tan grande en Roboré que tuvieron que anular esa entrega de tierras. Cocarico los compensó y ese grupo recibió después 1.700 hectáreas.

La primera estafa de estos proyectos colonizadores lo realizó Juan Ramón Quintana. El ministro llevó un grupo de personas a Pando antes de las elecciones, les asignaron varias hectáreas de tierras, los hicieron dormir en carpas, en medio de la Amazonía para producir lechugas. Al final de cuentas sólo sirvieron para votar por el MAS y después todos volvieron a La Paz.

Acá parece que ese es el objetivo, se darán tierras en Santa Cruz a cambio de que los beneficiados voten por el MAS con la esperanza de convertir el mapa electoral cruceño y volverlo masista.

Tomado del programa Cabildeo

Amalia Pando dirige el programa Cabildeo, que se emite por internet