23/11/2018
Sin Máscaras

Partidos y primarias chutas, ¿preludio de un gran fraude?

Gregorio Lanza
Gregorio Lanza
Sólo Macondo podía dar esta historia. Todos cambiados, los que era del partido rojo aparecieron con su archienemigo verde, los azules son variopintos, miembros del tribunal electoral, que han jurado que no pertenecen a ningún partido, son ahora honorables miembros de un partido. Unos dicen, las máquinas que imprimieron esos certificados se volvieron locas; otros, como el ingeniero vicepresidente del Tribunal Superior Electoral y conocido por sus respuestas contundentes, esta vez no sabe qué decir, con el rostro adusto repite “los partidos son los responsables”.
O sea, según su raquítica explicación, hubo acuerdos en los partidos para volver al presidente de la asamblea departamental de Santa Cruz, que es de Demócratas, un miembro del MAS; y a un diputado de Unidad Nacional conocido por sus ocurrencias contra gobierno, se lo pintó de azul.

Al final del día, desde el gobierno podrán decir que ha sido la mano negra del imperialismo. “¿Si Rusia ha hackeado y hecho trizas los ordenadores de la Casa Blanca, por qué Washington no podría repetir esa operación para frenar la revolución evista?”.

Por otro lado, son una burla a la población los comunicados solícitos de los miembros del Tribunal para que todos los calumniados, injuriados, humillados al haber sido bautizados –por algún maléfico político–, corran a las cortes a testificar que no son de tal o cual partido, perdiendo su tiempo, peor aún para aquellos que se cuidaron toda su vida de mantenerse vírgenes de la política y ahora la perdieron.

Pero el hecho es más grave aún. Iniciales datos, como que de una empresa periodística, de 50 trabajadores, cinco estén inscritos ilícitamente, da un porcentaje del 10 por ciento del ilícito, lo que empieza a plantear las magnitudes que puede asumir este fraude colectivo. Es un fraude porque se trata de que han vulnerado los derechos a los datos personales, suponíamos celosamente guardados por Sereci y Segip.

Ello conlleva los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, como la firma. Si el fraude fuera de 5% a 10%, significaría que todos esos partidos por ley no deberían ser reconocidos. Por eso no es el ciudadano el que debe correr a las oficinas de los tribunales electorales, son ellos los que deben revisar uno por uno los inscritos, compararlos con el padrón biométrico y firma y dar su conformidad. De lo contrario estaría cometiendo el delito de aceptar esa información fraudulenta. Por supuesto, son los partidos que tienen que ser procesados por el dolo.

Por otro lado, significa que aquellos que han hecho uso de la información personal: nombre, número de carnet y firma están en posesión de datos que también podrían volver a utilizar en las próximas elecciones. En este caso el MAS, que ha inscrito más de un millón de militantes, suponiendo que el 10% son fraudulentos están en posición de 100.000 votos que –de una u otra manera– pueden ser utilizados en un gran fraude en las elecciones del próximo año, y todo para legalizar la ilícita participación de Evo Morales.

En ese paquete estarán los nombres de muchísimos empleados públicos que han sido inscritos sin su consentimiento y que debido a la amenaza de la pérdida de su fuente de trabajo no estarán entre aquellos que vayan a las oficinas del tribunal electoral departamental y llenen el formulario pidiendo la eliminación de su inscripción ilegal.

En todo este caso se ha creado una gravísima perdida de legitimidad del Tribunal Supremo Electoral, ya menguada con la renuncia, poco transparente, de dos de sus vocales. Todo ello amerita una profunda investigación: caso por caso, revisión de los libros, estudios grafológicos y al final lo más consistente una auditoria a esos registros partidarios.

Pero la solución va más allá, pues la única que atinó a dar una respuesta, en principio, por lo menos coherente, fue la presidenta del TSED de Santa Cruz, que atribuyó el enredo a la premura con las que se llevó a cabo la convocatoria a las primarias y la falta del padrón biométrico para la inscripción partidaria, que recién estará para el año 2025, fecha inicialmente prevista para que se comenzara a implementar ese procedimiento.

Todo esto lleva a pensar que la única solución posible es la derogación de la normativa para realizar elecciones primarias para estas elecciones. La eliminación de esa norma artificial que fue aprobada con el único fin de legalizar el binomio ilegal del partido de gobierno; y en consecuencia su implementación el año 2025 como estaba prevista inicialmente.

Gregorio Lanza es economista con maestrías en políticas públicas.



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