06/11/2018
Columna Viral

Los fantasmas de la Ley Mordaza

Edwin Flores Aráoz
Edwin Flores Aráoz
Y finalmente, el anunciado anteproyecto de Ley de la Mentira no llegó a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hasta este momento, parece que “fue más el ruido que las nueces” o una más de la treintena de acciones de distintos gobiernos que intentaron vulnerar la consistencia de la Ley de Imprenta que, desde hace 93 años y contra viento y marea, se mantiene vigente con el propósito de regular la conducta profesional de periodistas y los derechos de la ciudadanía a ejercer la libertad de expresión consagrada por la Constitución y varios convenios internacionales.
En los últimos 12 años, como no ocurrió en otros períodos gubernamentales, políticos de turno de distinta tendencia ideológica intentaron debilitar las bases de la libertad de expresión y de la Ley promulgada en enero de 1925. Entre 2006 y 2018, se construyó un entorno legal y varios ataques al libre ejercicio del periodismo crítico que busca develar los abusos de las distintas formas de poder: “Cartel de la mentira”, “Ley de la mentira”, “periodismo de oposición”, “lucha contra la discriminación y el racismo”, “exceso de libertad de expresión”, entre otros fueron los términos que abundaron en la agenda mediática oficial de manera recurrente. 

En este tiempo, muchos fueron los intentos tendentes a debilitar la unidad granítica del secreto de imprenta considerado como el corazón de las libertades, garantías, obligaciones y derechos de la Ley de Imprenta. Políticos, de distinta especie (coloniales, oligarcas, dictadores, autocráticos y seudodemócratas) intentaron destruir los principios que contiene la Ley de Imprenta.

En mayo de 2014, un ex Procurador General intentó que un periodista de La Razón quebrante la inviolabilidad de la reserva de fuente consagrada en los Arts. 8 y 9 de la Ley de 1925 para develar quién “filtró” datos supuestamente confidenciales sobre la demanda marítima ante la Corte de La Haya. En octubre de 2018, un fiscal exigió a varios medios develar el nombre de la fuente que entregó un audio en el que una juez admitió que un médico fue encarcelado de manera ilegal en el sensible caso de la muerte del bebé Alexander. Esos, como otros, son algunos intentos de restringir las libertades de los periodistas y, particularmente, el derecho de informar, orientar a la ciudadanía y proteger la vida, dignidad y libertad de las fuentes fidedignas que se atreven a otorgar informes que consideran publicables para esclarecer hechos ocultos por intereses sectarios. 

Como se advierte, los fantasmas de la llamada “Ley Mordaza” siguen asechando. Uno de estos espectros apareció en septiembre de 1951 cuando el entonces militar dictador, Hugo Ballivián, mediante un Decreto Ley suprimió los jurados de imprenta determinando que las faltas y delitos de ese orden sean tramitados y sancionados mediante la justicia ordinaria. 

El otro atentado emblemático contra el derecho a la libre expresión de los periodistas, ocurrió el 5 de octubre de 1987 en los pasillos del Parlamento durante el cuarto gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro y cuando la Cámara de Diputados era administrada por Willy Vargas Vacaflor (ADN). Mario Rolón Anaya, militante de Acción Democrática Nacionalista, uno de los colaboradores más estrechos del dictador Hugo Banzer Suárez (1971-1977) y quien había sido canciller del régimen dictatorial de Luis García Meza (1980-1981), presentó el Proyecto de Ley 026/87 que fue aprobado en la Cámara de Senadores, cuyo texto lacónico, derogaba la norma de 1925: “Los delitos previstos en la Ley de Imprenta serán tipificados de acuerdo al Código Penal Vigente. Quedan derogadas las disposiciones contrarias a la presente ley”.

De inmediato, las organizaciones de periodistas de todo el país iniciaron movilizaciones y pronunciamiento de repudio por el atentado flagrante a las libertades esenciales del proceso democrático y bautizaron a dicho proyecto de “Ley Mordaza”. Agobiado por las presiones de los medios y periodistas, el senador adenista se vio obligado a levantar su proyecto antes que sea sancionado en la Cámara de Diputados.

Lo que en los hechos buscaban esos detractores de la Ley de Imprenta era terminar con los jurados de imprenta, con la inviolabilidad del secreto de imprenta y escarmentar con encarcelamientos a los periodistas que denuncien hechos ilegales, abusos del poder y violaciones a los DDHH manteniendo en secreto la identidad de la fuente. 

Dicho de otro modo, los censuradores de esta norma buscaban vulnerar/debilitar el secreto de imprenta que es la columna esencial de la estructura jurídica, constitucional y democrática de la Ley que rige la conducta profesional del periodismo boliviano.

La violación del secreto de imprenta es un atentado al derecho comunicacional e informativo que, de ser perpetrado por la acción de algún poderoso político o por la fuerza pasajera de un régimen poco democrático, puede poner en riesgo de muerte al periodismo investigativo: un contrapeso al abuso de poder, a la corrupción funcionaria y un instrumento de apoyo eficaz a la fiscalización de los recursos e intereses del Estado boliviano.

Entonces, es premiosa la tarea de defensa de la libertad de expresión que los periodistas actuales y futuros debemos encarar desde el discurso y la acción, para ahuyentar a los fantasmas de la “Ley Mordaza” que de tiempo en tiempo son conjurados por aquellos que pretenden el control de los medios, la hegemonía de poder y la impunidad del mal manejo de los recursos públicos. 

Edwin Flores Aráoz es profesional de la comunicación.



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