La Ley de etanol busca legalizar lo prohibido

El “imperio de la ley” es un concepto jurídico-político que se entiende como la primacía de la ley sobre cualquier otro principio gubernativo para combatir la tiranía del poder político (que se refleja en la idea “El Estado soy yo”).

Sin embargo, la realidad política boliviana de los dos tercios ha llevado ese concepto esencial a su devaluación casi absoluta, donde proyectos de ley como el que se refiere al etanol (N° 303/2018-2019) es una indicación de todo lo que va mal en nuestro país. Por eso la crítica de ese proyecto no sólo debe dirigirse a recordarle al Presidente sus discursos en contra de los biocombustibles (2008) y sus innumerables intervenciones internacionales sobre el respeto a la Madre Tierra, sino (como mínimo) al perverso uso que hace de la ley para legalizar aquello que está prohibido.

Tal es la paradoja, que el proyecto de ley de etanol vulnera la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” (Ley 300), vigente y promulgada por el propio Evo Morales. La ley 300 prohíbe taxativamente la producción de agrocombustibles y la comercialización de productos agrícolas para la producción de los mismos en tanto que es prioridad del Estado Plurinacional de Bolivia precautelar la soberanía alimentaria y establece la minimización del avance de la frontera agrícola, la afectación de la vida, y el uso y aprovechamiento e otros componentes de la Madre Tierra. (art.24).

Y ¿por qué la ley 300 prohíbe la producción de agrocombustibles (etanol, biodiesel, etc.)? Porque reconoce lo que implica para la Madre Tierra esa actividad: gran presión sobre la naturaleza, ampliación de la frontera agrícola a través de la deforestación, acentuar los problemas generados por los monocultivos (soya, palma, caña), uso de semillas transgénicas, uso de enormes cantidades de agua, ocupación de tierras indígenas para plantaciones comerciales y consecuentemente el desconocimiento del derecho de las comunidades ancestrales.

La propuesta gubernamental de ley de etanol (“Ley que establece el marco normativo que permita la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de insumos y aditivos y diésel oíl, precautelando la seguridad alimentaria y energética”), no sólo es ilegal, está dolosamente maquillada con un nombre pomposo y mentiroso, y se ha construido sobre castillos artificiales de naipes ambientales y de seguridad alimentaria.

Uno de los argumentos a los que recurren algunos legisladores para impulsar esta norma es el de la reducción de emisiones de efecto invernadero y aporte a la reducción del cambio climático. Pero si se incluyen los cambios de uso de la tierra en el análisis, las emisiones de gases de invernadero para algunas materias primas y sistemas de producción de biocombustibles podrían ser mayores incluso que las de los combustibles fósiles.

Fargione et al. (2008) estimaron que la conversión de selvas lluviosas, turberas, sabanas y pastizales para producir etanol y biodiesel en Brasil, Indonesia, Malasia o Estados Unidos libera al menos 17 veces más dióxido de carbono que lo que estos biocombustibles ahorran anualmente al sustituir a los combustibles fósiles. Estos autores consideran que serán necesarios 48 años para compensar esta “deuda de carbono” si la tierra perteneciente a la conservación se volviera a destinar a la producción de etanol a partir de maíz en Estados Unidos, más de 300 años si la selva lluviosa amazónica se destinara a la producción de biodiesel a partir de soja, y más de 400 años si las selvas lluviosas y turberas tropicales de Indonesia o Malasia se destinaran a la producción de biodiesel a partir de aceite de palma.

Otro efecto perverso en la producción de biocombustibles es que al comenzar a utilizarse suelo agrario o forestal para el cultivo directo de biocombustibles, tal y como lo ha anunciado el gobierno, en lugar de aprovechar exclusivamente los restos de otros cultivos, se produce un efecto de competencia entre la producción de comida y la de biocombustibles. No hemos sido capaces de producir nuestro propio alimento para el mercado interno de las personas y ahora se quiere producir alimento para las máquinas.

Y como corolario del absurdo, de la ilegalidad e inconstitucionalidad del proyecto de ley de etanol y biodiesel, está el anuncio del presidente, que al mejor estilo del último caudillo de los hunos “Atila el destructor” situará la producción en la Amazonía, territorio de elevada vulnerabilidad, sensibilidad ambiental, biodiversidad existente y recursos hídricos, protegido por la Constitución (art. 390) pero que para los efectos del gobierno será de escasa o nula importancia, prácticamente papel mojado.

Paola Cortés es abogada