Hablar un idioma originario, un arma política

Comenzaré por el aprecio a la exigencia de que quien quiera optar a un cargo público sepa al menos hablar un idioma nativo. Este aprecio es por la valorización de nuestras culturas que eso representa. Esta norma, nos dijeron, fue pensada para proteger los derechos lingüísticos del país. Sin embargo, si esa fue la idea sana, su creador debe estar revolcándose de la rabia viendo como esta norma constitucional es hoy utilizada como arma política.

La Constitución Política del Estado establece en el artículo 234 que “para ser servidor público debe hablarse al menos dos idiomas oficiales del país”, uno es el castellano y otro un idioma originario, dejando además establecido en un artículo transitorio que este artículo será de “implementación progresiva.”

Esta “progresividad” la normó después la ley 269 de “Derechos y políticas lingüísticas” promulgada del 2 de agosto de 2012, la cual en su parte transitoria deja establecido que los servidores públicos tienen, a partir de ello, tres años de plazo para hablar un idioma nativo “a nivel comunicativo”. Ese plazo finalizó en 2015, por lo que quienes no hablen el idioma originario “a nivel comunicativo” no pueden seguir siendo empleados públicos.

No es un cartoncito presentado el que certifica aquello, no es un curso corto lo que te da esa habilidad de hablar el idioma a ese nivel. Hablar un idioma “a nivel comunicativo” significa estar preparado para entender cuando te hablan, responder en el mismo idioma y sostener este proceso de manera que ambas partes logren entenderse para satisfacer sus necesidades. Eso requiere años de práctica constante.

De ahí nace una nueva concepción: el hablar un idioma originario a nivel servidor público es solo decir un par de frases aprendidas que salve al funcionario de verse en apreturas. Debo sin embargo reconocer que hay también de los que hablan el idioma dominándolo, raros ejemplares que lo consiguieron aprendiéndolo a edad avanzada y otros cuya cuna les permitió hablarlo con facilidad.

El propio ministro de descolonización se encargó de desnudar este hecho: en 2016 dejó establecido que 90% de los empleados públicos no habían presentado el “cartoncito” que avala que sepan hablar el idioma originario y que se obtiene con cursos breves que organiza el Estado. Ya para ese entonces funcionarios públicos de bajo rango, autoridades y hasta quienes se dan el lujo de calificar a postulantes a cargos públicos no cumplían con este requisito. Ellos siguen en el puesto y en puestos nuevos, convirtiéndolos en los primeros violadores de la Constitución Política Del Estado.

Pero además quienes hacen bandera de este “requisito” son discriminadores, porque la misma Constitución establece que nadie puede ser discriminado por razones de idioma, entre otros.

Por todo esto, este requisito no es otra cosa que un arma para descalificar a quienes no son agradables a su ideología, a sus contrarios, a la posible competencia. Pero además, como dijimos, ello se hace con total altanería y cinismo.

¿Y si evaluamos a los servidores públicos comenzando del Presidente y Vicepresidente? Y si no hablan que se vayan, ¿o creamos una nueva norma más justa sobre este tema? O simplemente, empezando de los gobernantes, ¿cumplen la norma?

Para ser justos, entre la valoración de esta norma y quitarle el tinte de uso político, quizá solamente se debería establecer que alguien que llega a ser autoridad pública (empleado público) debería tener un plazo para aprender un idioma nativo, plazo de tres años que debería computarse desde el momento que asume sus funciones.

Allin púnchay llajtamasis

John Arandia es comunicador y periodista. Habla un idioma nativo a nivel de muchos servidores públicos.