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21/02/2019

Evo violó sólo 55 derechos humanos

Hace muchos años, cuando ejercía el periodismo en condición de reportera, me encontré frente a un violador que era llevado a los tribunales esposado y traído de alguna población rural. Violó a una niñita y tuve la ocasión de acercarme a él para preguntarle si efectivamente reconocía su delito. Él dijo “fue sola una vececita”. Fue tan indignante su respuesta que no pude evitar lanzar el micrófono sobre su cabeza.
Las mismas ganas me dan de lanzar un micrófono en la cabeza del procurador Pablo Menacho quien, al igual que este violador de la nenita dijo: Bolivia “sólo tenía 55 demandas de violación de DDHH ante la CIDH y que otros países tenían más; otros tienen hasta 500 demandas”. A raíz de esta indignante declaración haré un somero recuento de las violaciones de DDHH en este gobierno.

Lo primero es el irrespeto a la Constitución y la violación  que hicieron al robar y desconocer nuestro voto. Es el desconocimiento de dos millones y medio de personas para favorecer a una persona, a Evo Morales. El irrespeto a la Constitución, que le impide candidatear en las elecciones, es una de las violaciones más destacadas. El artículo 168 sólo puede ser modificado a través de un referendo, que se hizo el 21 de febrero del 2016, que resolvió que no puede participar de un cuarto mandato.

El derecho a la justicia. El país que no la tiene se convierte en el lejano oeste. Una conversación entre el diputado Víctor Borda y el ahora magistrado Edwin Aguayo en la que se constata que los candidatos y su elección fue una maniobra burda y costosa para que el MAS y Evo Morales se hicieran de un Poder Judicial a su servicio.

Entonces uno entiendo por qué un joven dirigente cocalero, como Fránclin Gutiérrez, continúa preso. Por qué los alcaldes y gobernadores de la oposición, por lo bajo, tienen 20 procesos cada uno. Cuando el Gobierno no gana las alcaldías les hace golpe de Estado, como en Quillacollo, Oruro, Cochabamba. Los alcaldes son acusados de corrupción sin pruebas y destituidos de inmediato. Los únicos protegidos son sus propios alcaldes y el ícono de ello es el alcalde Édgar Ramos, de Achacachi.

Otro derecho es la salud, algo básico para una población. Las autoridades piensan que aprobar el SUS les ayudará en las elecciones. Lo que pasará es que habrá un embutido de pacientes sin que los médicos puedan atenderlos. Los hospitales de segundo nivel no están equipados en las áreas rurales y se vienen a las ciudades. Entonces, ahí no hay espacio ni en los pasillos.

Hay casos que ponen en evidencia el drama de la salud. Por ejemplo, el recién nacido que por falta de una incubadora sufrió quemaduras en el hospital de Warnes. Cuando se producen estas tragedias, los fiscales del Gobierno detienen al médico y dos enfermeras, cuando en realidad Evo Morales debería estar detenido por gastarse la plata en desmedro de las personas. Con ese dinero, todos los hospitales estarían como nuevos.

El derecho al trabajo, básico de los seres humanos porque de lo contrario no sobrevivimos. Lo que hizo el gobierno es un proceso de sabotaje al sector privado. Se levantaron las garantías jurídicas porque hoy en día, cuando el Gobierno quiere, mueve al sector laboral y se adueña de una empresa. También el trabajo está en riesgo porque el Gobierno se convirtió en competidor de la escasa industria boliviana que existía.

Lo último, el gobierno intentó acabar con la industria cementera privada, que es de las pocas que tuvo un comportamiento positivo, de reinversión. El Gobierno decidió, un poco tarde, instalar una enorme industria cementera en Challapata. 300 millones de dólares de inversión y con una capacidad de producción que sobrepasa a los privados juntos. La planta es tan grande que necesita más mercado y no se puede exportar fácilmente este producto. Evo Morales sacará una ley que diga que las carreteras sean de éste cemento en particular. Se gastaron 300 millones en una industria que ya existía. Ese dinero se podría haber invertido en cualquier otro sector que Bolivia necesitaba.

El derecho a la organización. La fuerza laboral tenía el derecho de protestar y ser independiente. Eso ya no existe, donde surgió una cabeza independiente se la cortaron y el último escándalo de los choferes se confirma el sometimiento. A  través de una legislación les dieron un porcentaje de determinados cobros y se los depositaba en sus cuentas particulares. Cuando un histórico dirigente como Franklin Duran protesta, lo echan de la organización. En eso concluyeron las históricas organizaciones sindicales independientes.

Tampoco hay derecho a la información. En contraposición, el aparato propagandístico del gobierno está bien pagado. El gobierno controló a los otros medios con las pautas publicitarias. Hay una amenaza constante a los periodistas.

El derecho a la vida, el derecho básico de los seres humanos. Tenemos un recuento que en este Gobierno murieron 88 personas víctimas de enfrentamientos sobre las que Evo Morales deben dar cuenta. Podemos empezar con los casos más importante como el Hotel Las Américas, con tres ejecuciones, la represión a los discapacitados, la marcha de Chaparina. Son hechos que la historia no olvidará.

No son sólo 55 violaciones a los derechos humanos, como dice el procurador. Es una sistemática violación a los Derechos Humanos y una gran parte del pueblo boliviano quiere que Evo Morales se vaya para que Bolivia viva en paz, progreso y en democracia.



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