04/05/2019
Informe Especial

Evo Morales y una posible crisis política

Amalia Pando
Amalia Pando
Quiero hacer referencia a tres pronunciamientos internacionales que hacen referencia a un proceso electoral e ilegítimo que está en curso en nuestro país. Los dos primeros están dirigidos a la habilitación inconstitucional de Evo Morales, aunque la Constitución sólo permite dos mandatos; el tercero se refiere a la dependencia política del órgano electoral.Estos dos hechos combinados van a llevar a una conclusión: que de las urnas no saldrá un presidente democrático y constitucional; sino que saldrá un dictador. No sabemos cuál será la magnitud del fraude, pero si dispone de un Tribunal Electoral sumiso que le garantizará su triunfo.

Está claro que el plan se puede revertir si es que el electorado, masivamente, vota por un candidato opositor. Pero ni así se garantiza el respeto al voto, porque al no haber respetado el 21-F, también es posible que Morales no respete el resultado de las siguientes elecciones si tienen un resultado adverso.

Este es el contexto en el que se van a desarrollar las elecciones nacionales: con un candidato chuto, con un TSE al servicio del candidato chuto y la prensa amordazada, la prensa independiente marginada y haciendo un esfuerzo extraordinario –no sólo para sobrevivir– sino para cumplir su trabajo. Eso no es democracia ni vamos a vivir un proceso democrático para renovar el poder.

¿Qué dicen los tres pronunciamientos a los que me referí?

El primero es el del Senado de EEUU, divulgado el 10 de abril. A iniciativa de dos senadores demócratas y un republicano se presentó un pronunciamiento que fue aprobado por la mayoría. Hace referencia a la necesidad de reivindicar y respetar el voto popular del 21F, que rechazó la habilitación de Evo Morales. Expresa su preocupación porque en Bolivia se están eludiendo los límites del mandato presidencial, pide al Gobierno que restablezca la independencia del órgano electoral y que las elecciones se realicen respetando los límites de mandato que establece la Constitución.

A esto se sumó el segundo pronunciamiento, de Luis Almagro, de la OEA. Él envió una consulta a la Comisión de Venecia, con apoyo de juristas especializados en temas constitucionales. La Comisión emitió su informe final que es inequívoco: “la reelección presidencial no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o votantes”.

Pero necesitamos un fallo de la Corte Interamericana de Justicia, que es la que opera sobre la base del pacto de San José. Esta instancia es importante porque el tribunal que habilitó a Morales hace referencia al artículo 23 del Pacto de San José. Entonces, el único que puede interpretar la norma es esa institución, y no el TCP de Bolivia.

Hace pocos días, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se entrevistó con el canciller de Brasil para que pida a la Corte Interamericana de Justicia una aclaración al respecto. El pedido lo hizo porque en 2009 –cuando se aprobó la nueva Constitución en Bolivia– se aprobó una sola reelección y Brasil fue garante de las negociaciones que llevaron a tener ese resultado.

Esa Constitución, más el resultado del referendo que aprobó la Carta Magna y el que impidió el cuarto mandato, están ahora siendo violados. El presidente del Comité Cívico dijo que Brasil se comprometió a interponer un pedido ante la Corte Interamericana de Justicia para que se pronunciara sobre la interpretación del artículo 23 del Pacto de San José, norma que fue usada para habilitar a Morales como candidato y perpetuarlo en el poder.

No sabemos cuándo Brasil interpondrá el pedido de esclarecimiento sobre qué significa ese artículo y no sabemos en cuánto tiempo a Corte pueda pronunciarse.

Entre tanto, en nuestro país tenemos un TSE que no proyecta confianza ni garantiza el voto popular. Ese fue el tercer pronunciamiento, de la Unión Europea, que señaló que las presiones “contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral no conducen a condiciones justas y equilibradas en vista de las próximas elecciones en Bolivia”.

Dentro de este órgano se han producido varias renuncias y una crisis en su interior. La última es la de la Jefa de Auditorías, que se alejó del cargo por acoso y presiones de la presidenta María Eugenia Choque; con ella suman 37 miembros claves de la entidad que dejaron el cargo.

El único que no ostenta militancia del MAS, el vocal Antonio Costa, escribió una carta a la sala plena del TSE. Costas dice que hay 87 acefalías, no hay equipos biométricos, no se determinó el presupuesto y, en síntesis, que no hay condiciones para que el TSE encare el próximo proceso electoral. Conocidas las críticas, el TSE llamó a una conferencia con la presencia de Costas, para decir que todo está bien y que las elecciones no están en riesgo.

Queda claro que tenemos un TSE sometido al candidato oficialista y es inoperante. Estamos ante un proceso electoral en condiciones antidemocráticas y un proceso –en esas condiciones– no puede dar como resultado una salida democrática. El resultado será el triunfo de un candidato inconstitucional y cuyo proyecto político será dictatorial. Lo único que se puede interponer es una respuesta del pueblo boliviano.

La experiencia venezolana nos enseñó que el apoyo internacional es importante pero insuficiente; debemos cerrar filas apostando a la movilización del pueblo y a las fuerzas democráticas.

Pese a estos hechos contundentes, como el amordazamiento de la prensa, la crisis del TSE y que la candidatura es ilegal, la campaña de Evo Morales va viento en popa. No hay manifestaciones en contra, los comités cívicos hicieron la gestión ante Brasil, pero no se movilizan y los candidatos están tratando de sobrevivir. Carlos Mesa, por ejemplo, está siendo hostigado por el oficialismo, y Oscar Ortiz, de Demócratas, no logra despegar y no tiene una convocatoria para movilizar. Estamos en una situación adversa y el Gobierno acaba con todo resquicio democrático, imponiendo las condiciones que el convienen para tener un resultado favorable en las elecciones.

Es muy probable que el resultado de las elecciones –en estas condiciones tan antidemocráticas– con todos los medios sometidos y la posibilidad de fraude consolidarán que Morales se mantenga en el poder. De ocurrir ello, estaríamos al borde del precipicio democrático porque ese Gobierno no va a ser reconocido por la comunidad internacional, porque no puede entrar a las urnas alguien que está pisando la Constitución.

Evo Morales será presidente democrático hasta el 22 de enero del próximo año. Si se queda, el Gobierno pasaría a ser inconstitucional y antidemocrático, como el de Nicolás Maduro. Entonces, nos pondrá en una situación política de crisis.

Tomado del programa Cabildeo

Amalia Pando dirige el programa Cabildeo, que se emite por internet