El rugido del jaguar

Luego de haberse postergado en 13 ocasiones, el viernes 9 de noviembre se dictaminó sentencia definitiva contra los ciudadanos chinos Yin Lan y Li Ming, culpables del biocidio de más de 48 jaguares, que sirvieron para recuperar 185 colmillos de ese animal e intentar exportarlos. La pena establecida fue de tres y cuatro años, siendo seis años el máximo estipulado por ley para este tipo de delitos contra la naturaleza.


La sanción es modesta en comparación con el daño causado a una de las especies más emblemáticas de la cultura y biodiversidad nacional, pero el hecho es que se ha sentado un antecedente jurídico en el deficiente sistema judicial boliviano y, sobre todo, un contundente antecedente social, ya que fue la presión interna y externa de activistas ambientales y ciudadanía la que torció el brazo de la mafia asiática y sus protectores internos.

Estos dos antecedentes han dado origen a un antes y después en la aplicación de la justicia boliviana sobre la cacería y el tráfico de especies protegidas por ley. Lo más importante es el control social de la población, definitivamente ya existe un gran contingente humano que está observando, denunciando y sobre todo participando directamente en ante los atentados que se realizan hacia la naturaleza. Esta matriz social en un futuro cercano dará pie a muchos cambios estructurales y políticos en Bolivia.

Otra ganancia del caso de los jaguares es que ahora los traficantes y cazadores nacionales van a pensar mucho antes de realizar estos ilícitos, ya que ellos no contaran con todo un sistema de protección y aletargamiento judicial con el que contaron sus antecesores chinos.

La condena de los traficantes asiáticos es una ganancia psicológica y moral y se convierte en un golpe contundente a la mano que aprieta el gatillo. ¿Pero qué se necesita ahora para que el jaguar siga rugiendo en las selvas de Bolivia y? Urge una actualización del Libro Rojo de Vertebrados Nacionales, cambiando la categoría de “Vulnerable” a “En Peligro”; esto dará pie a estudios científicos actualizados y nuevas estrategias de conservación.

También se tiene que implementar una Ley Nacional del Jaguar y aprobar normas similares con otras especies importantes del país gato andino, jukumaris, etc.). A nivel judicial también se tienen que replantear las penas sobre tráfico de fauna en Bolivia y elevar la condena a mas años de cárcel; al hacer esto se bloqueará la llegada de nuevas mafias externas.

No podemos dejar de lado la educación ambiental, las ONG, fundaciones y gobernaciones que trabajan con conservación de fauna y ecosistemas. Tienen que iniciar programas y campañas en los pueblos, comunidades y ciudades donde se explique la importancia de nuestra biodiversidad y sobre todo dar a conocer que el tráfico y la cacería ilegal tiene pena de cárcel. Se puede utilizar el reciente caso como punta de lanza que incida en la conciencia colectiva urbana y rural.

El jaguar en Bolivia tiene muchos nombres, los movimas le llaman “rulrul”, los guaraníes, “yaguareté” y los tacanas, “iba”. Ha estado presente desde milenios coexistiendo con los pueblos de una manera pacífica y armónica. Ahora nos toca a nosotros, los bolivianos de hoy, que el rugido del jaguar siga prevaleciendo en nuestros montes, selvas, llanos y pampas.

Huáscar Bustillos Cayoja es biólogo y documentalista.