13/12/2018
Líbero

Dos escenarios de violencia política y sus diferencias

Carlos Börth Irahola
Carlos Börth Irahola

Jueves 6 de diciembre de 2018: enfrentamientos entre el numeroso contingente policial que custodiaba el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y centenares de personas que protestaban contra el Órgano Electoral por la reciente habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera como candidatos en las elecciones de 2019. Varios contusos y destrozos en el ornato público son el resultado de los hechos. Algunas cámaras registran el secuestro y quema de carpas, y enseres de los huelguistas de hambre instalados frente a las oficinas del TSE. 

Martes 11 de diciembre: una multitudinaria marcha de docentes y estudiantes universitarios cruceños atraviesa varias calles de la capital oriental, protestando también por la inconstitucional habilitación del binomio masista. Un grupo de personas encapuchadas ingresan a las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TDE), dándose a la tarea de romper vidrios, destrozar muebles y equipos, y prender fuego a las carpas y enseres del piquete de huelga de hambre estacionado en esos ambientes varios días antes.

Según el testimonio de los huelguistas, los policías que protegían esos ambientes se habrían retirado un par de horas antes. En esas condiciones, el fuego rápidamente se apoderó de la planta baja del Tribunal, afectando sobre todo a las instalaciones del Sereci.

Diferentes medios de prensa captan a un individuo, ataviado con una polera blanca de defensa del 21F, retirarse del inmueble incendiado en una moto conducida por un efectivo policial.

Pocos minutos después, el multicentro de Entel, ubicado en la mismísima Plaza de Armas de Santa Cruz de la Sierra, a poca distancia de importantes instalaciones policiales, es asaltado por un grupo de encapuchados, probablemente el mismo que desató el incendio en el TDE, saqueándolo impunemente.

Si a todo esto se añaden los heridos en Puerto Pailas, parece evidente que la violencia política se ha reinstalado en el país, o amenaza hacerlo, tal como sucedió durante el primer período de gobierno del cuestionado binomio masista.    

Miércoles 12 de diciembre, la prensa nacional reproduce declaraciones del Viceministro de Régimen Interior responsabilizando a la oposición por los hechos de violencia. El alto funcionario de gobierno compara, además, los sucesos con lo sucedido en 2008, cuando –según él– “grupos separatistas de la derecha intentaron consolidar un golpe cívico prefectural” en contra de Evo Morales. 

Pero, ¡qué nadie se lleve a engaño! El contexto y la lógica de la violencia política desatada entre 2007 y 2008 y la que hoy nos amenaza responden a rasgos no sólo diferentes, sino incluso inversos. Aquellos azarosos años el respaldo social mayoritario y, por ende, la legitimidad política, expresados en los resultados electorales de 2005 y del referendo revocatorio, se encontraban del lado del gobierno. Quienes remaban contra la corriente eran los líderes políticos, empresariales y cívicos de la por entonces llamada “media luna”. 

Hoy sucede precisamente lo contrario: la mayoría de la población, materializada en el 21F y en múltiples encuestas públicas, pugna por el respeto a las reglas electorales y la democracia; mientras que Evo Morales y el MAS son los que se esfuerzan por avanzar rompiendo la corriente popular. 

En 2008, los masistas buscaban aprobar una Constitución nueva, a la que se oponían fuerzas minoritarias en el país. Hoy son los oficialistas quienes desconocen y violan su Constitución; mientras que los líderes políticos, empresariales y cívicos decidieron defenderla, para así continuar desarrollando la democracia boliviana. 

Hoy, “la rueda de la historia” avanza empujada por quienes se oponen al inconstitucional prorroguismo evista; en tanto que la ruptura de la institucionalidad, configurando la tipificación de varios delitos, anida en las tiendas de campaña del MAS. 

¡Que nadie se lleve a engaño! Si la violencia política se desata otra vez, sus responsables están ya identificados, y serán juzgados así por la historia, y por los órganos de justicia, cuando se concurran las condiciones objetivas y subjetivas necesarias.

Carlos Böhrt es un ciudadano crítico.



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