07/12/2018
Informe Especial

Corrupción y manejo de la justicia

Amalia Pando
Amalia Pando
Héctor Arce amaneció feliz la semana pasada porque en una de esas madrugadas llevó a la cárcel a José María Leyes. Sólo en nuestro país se hacen audiencias de madrugada, lo propio hicieron con el abogado Eduardo León. Sin embargo, cuando un juez o vocal deciden cumplir la ley, en un acto de rebeldía a las instrucciones y maltrato de Arce, también los llevan a la cárcel.
En Bogotá se dio cuenta de un video en el que el diputado de izquierda Gustavo Petro recibe fajos de dinero que, según la denuncia, viene del narcotráfico. Él dice que fue de una campaña anterior, de 15 años atrás. Pese al video, no se lo llevó a la cárcel y se inició la investigación. Así funcionan las cosas, no es que a sola voluntad de alguien se pueda llevar a la cárcel a un opositor. A Leyes se lo persigue a mera acusación y la Fiscalía, con la sola insinuación, piden cárcel.

Susana Rivero, quien está en la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato, lanza una afirmación y denomina al binomio del FRI como “Lava Jato”. No prueba ni dice nada más porque Carlos Mesa y Gustavo Pedraza solamente iniciaron el proceso para la carretera que se inició efectivamente en el Gobierno actual.

Tanto el caso de Leyes como las acusaciones de Susana Rivero son coordinadas y persiguen un objetivo. Hay evidencia de que este es el Gobierno más corrupto de la historia por la cantidad de dinero y número de contratos que hubo.

Sólo hay que recordar que en 2009 estalló uno de uno de los grandes casos de corrupción. Este Gobierno otorga obras a cargo de coimas y eso se demostró con la muerte del empresario que fue a entregarle dinero a Santos Ramírez y murió. Además, Ramírez era el segundo hombre del Gobierno. Ni qué decir de los millones de dólares del Fondo Indígena que sirvieron para comprar organizaciones y para las campañas a favor de Evo Morales.

Ambos casos son menores frente a la OAS, que es una firma brasileña que llegó al país de la mano de Lula. Según Jorge Quiroga, la OAS pagó las campañas electorales y el Gobierno le dio tres contratos; el primero fue para la carretera que debía partir el TIPNIS en dos y cuando ésta no se construyó, el Gobierno pagó una indemnización de la que no informó el monto. Por eso, Evo ordenó investigar Lava Jato pero no a la OAS y Rivero hizo caso.

Hay otro contrato, la carretera Potosí-Uyuni, que se firmó por 137 millones de dólares. La licitación era por 82,7 millones de dólares y se firma un contrato con la OAS por 83,2 millones de dólares. Terminó en 137 millones. Patricia Ballivián, la exjefa de ABC, dijo que ella no sabía del incremento. Si esa lógica se aplicara a la Alcaldía de Cochabamba, Leyes no estaría preso.

Cuando la movilización popular tumbó a la OAS, llegaron las empresas chinas de mano de Hugo Chávez y hasta hoy coparon la mayoría de las adjudicaciones millonarias. Así, se sigue el modelo venezolano de aprovechar el boom para hacer megaobras y obtener megacoimas.

A pesar de ello, Susana Rivero tiene el descaro de decir que la candidatura de Mesa es de Lava Jato; y quiero recordarle que el informe de la Policía Federal que dice que el tramo Roboré-El Carmen que fue licitado y adjudicado durante el Gobierno de Mesa; y esa licitación no fue más allá porque no había dinero y empezó a hacerse recién durante el Gobierno de Morales.

Si eran malos contratos ¿por qué no los anuló Morales? El informe de la Policía Federal habla de las coimas para el tramo Roboré-El Carmen; y a alguien le pagaron ocho cuotas de 18.750 dólares y en total es 150 mil dólares con las siglas CM y luego C. Morales.

Según el documento de la Policía de Brasil, el pago de la coima es de 2008 y quien gobernaba en ese momento era Evo Morales. Eso es lo que intenta ocultar Susana Rivero. Hay parlamentarios que viajaron a cobrar coimas al Brasil, y es fácil saber quiénes fueron. Pero más fácil es echarle la culpa a Carlos Mesa.

Tomado del programa Cabildeo,  7|12|18

Amalia Pando dirige el programa Cabildeo, que se emite por internet

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