15/05/2019
Francamente

Controlar internet: el constante “as bajo la manga" del masismo

Paola Cortés
Paola Cortés
Tras la derrota del MAS en las urnas el 21 de febrero de 2016, Evo Morales, convencido de  que su fracaso se debió a los usuarios de redes sociales, ordenó que éstas se controlaran políticamente. De inmediato, el diputado oficialista Víctor Borda y el dirigente cocalero Leonardo Loza salieron a cumplir el deseo de Evo y propusieron (cada uno por su lado) diferentes proyectos de ley para el control político de las redes sociales. No tuvieron éxito ya que la ausencia de fundamentos jurídicos para su regulación era tan obvia que generó una contundente resistencia social; las propuestas se consideraban como represalias contra los usuarios de redes.
Ambos proyectistas retrocedieron, y con ellos la entonces ministra de Comunicación, Marianela Paco, quien también había respaldado dichos proyectos de ley con la idea de coartar el derecho a la libertad de expresión y pensamiento en redes sociales.

Tras la suspensión del análisis de esos proyectos, Paco vio un terreno más fértil en la vigilancia de los internautas desde la esfera del Ejecutivo y creó la Dirección de Redes Sociales que, dicho sea de paso, opera con nuestros impuestos. 

El anhelo de Evo por tomar control total de estos espacios es inocultable. Borda, por ejemplo, en su momento apeló al absurdo de señalar que el control de las redes es importante porque no existen tipos penales a los cuales recurrir para hacer valer la honra de Morales, por ejemplo en el caso Zapata, cuando hasta un estudiante de Derecho Penal I señalaría, con razón y fundamento, que sí los hay. 

El gobierno ya ha judicializado varios casos de expresiones opositoras en las redes. Está el caso del video de la exdirigenta de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas; el del joven Alfonso Andrés Torrico, denunciado judicialmente por emitir un criterio negativo a través de Facebook. Luego vino el frustrado intento de aprobar el Código de Procedimiento Penal, que en un acápite pretendió crear tipos penales informáticos y restringir políticamente el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de los ciudadanos que no comulgan con el gobierno.

El ataque más reciente fue la insólita denuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien dijo sentirse “víctima” de las críticas que recibió de usuarios de las redes a causa de su actuar en el caso que involucra al supuesto narco Pedro Montenegro. Entonces, el ministro, convertido en mártir y acompañado del grupo de abogados del Ministerio, decidió extremar sus privilegios usando al Ministerio Público para enjuiciar a la gente que lo criticó, propiciando que se admitiera su denuncia y que la Fiscalía llamara a declarar, en tiempo récord, a cuatro ciudadanos.

En cuestión de horas y ante la crítica del candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, Romero decidió retractarse, pero eso no basta para eliminar del panorama el proceder  autoritario, ya sistemático y estructurado, del gobierno del MAS. Es una conducta que pasa de ser una anécdota a ser una categoría. Controlar internet es una conocida aspiración de todo  gobierno autoritario. Nótese que los países que regulan o censuran la red tienen en común  al menos dos elementos: 1) Lo hacen en defensa de su poder y no de los ciudadanos; 2) Están envueltos en crisis sociales y/o políticas profundas.

Es bueno recordar que ha sido la Asamblea General de Naciones Unidas la que declaró que el acceso a internet es un derecho humano, exigiendo a los países miembros facilitar un servicio accesible y asequible para todos. Para la ONU, internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también los mantiene interconectados e informados.

La Constitución boliviana reconoce el derecho a la “libertad de pensamiento” (art. 21.2); a “expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva” (art. 21.5); a “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva” (art 21.6).

El columnista argentino Pablo Mancini dijo: “Internet nació neutral. Es decir, libre de restricciones, donde todos los sitios, contenidos y aplicaciones tienen la misma jerarquía y es responsabilidad de cada usuario decidir acceder a ellos”. 

Pero algunos gobiernos, como el boliviano, pretenden decidir qué es bueno y qué es  malo para la gente. La investidura pública del ministro Romero, así como de otros  funcionarios públicos, puede conllevar el aplauso cuando hacen una buena gestión, y la  crítica e incluso el escarnio cuando la sociedad considera que han errado.

Finalmente, hace algunos días hice una publicación en mi cuenta personal de Facebook, publiqué un meme humorístico sobre la dedicada labor del ministro Manuel Canelas para con el rival político más fuerte que tiene el MAS, Carlos Mesa; días después, mi publicación fue reportada y eliminada.

Debo decir que es la primera vez que me sucede esto y que lejos de molestarme ello me causó preocupación. Por eso no puedo dejar de recordar que en Venezuela opera una masiva censura que ha sido expuesta internacionalmente cuando se conoció que el régimen de Nicolás Maduro bloquea imágenes que se publican en las redes.

¿Será que, en éste tema, Bolivia se parece cada vez más a Venezuela?

Paola Cortés es abogada.