22/09/2018
Cartas desde un país sin correo

Carta a quien corresponda RE: Justicia boliviana.-

Martín Diaz Meave
Martín Diaz Meave
La verdad es que esta carta iba inicialmente dirigida a la jueza Patricia Pacajes, para reclamarle por la tremenda negligencia que significa mandar preso a un inocente –más de tres años ya– y la intención manifiesta de encarcelarlo durante 20 años. Pero en realidad, la jueza es solo una pieza (¡una fichita, se podría decir!) en el oscuro e indeseable entramado de la “justicia” boliviana.

Eso sí, qué pena escuchar el infame audio y comprobar que no es el alcohol el que produce los errores de género y número en su léxico, ni el alcohol el que enuncia las expresiones racistas con las que se refiere a quienes la presionan, haciéndonos pensar si esa debería ser la conducta real de una administradora de justicia. Por cierto, muy oportuna y valiente su actitud de pedir “baja de salud” (sarcasmo).

Tal vez debería dirigir esta misiva a la Fiscalía General del Estado, cuya reacción no fue el silencio ni la cautela: fue pedirle al medio que difundió el audio que dé el nombre de su fuente. ¿No sabe nadie en la FGE, comenzando for el Fiscal Guerrero, que existe el secreto de fuente periodística, figura amparada por la ley? ¿No interesa más poner en marcha la maquinaria para corregir a una injusticia que buscar a un fisgón? ¿No se supone que hay que conocer las leyes para trabajar en una fiscalía, más aún si se trata de la de más peso legal?

Enviaré entonces la carta al ministro Arce Zaconeta, encargado de la cartera de justicia, nada menos, recordándole que Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), intercedió tiempo atrás ante él por la libertad del acusado Jhiery Fernández, cayendo esta solicitud en saco roto. ¿Habrá siquiera visto la carta o atendido a la Sra. Carvajal? ¿Sabía el ministro de la inocencia de esta persona, o alguna vez le interesó? ¿Otra vez, ministro de qué cartera es?

Quizá deba enviar estas líneas a Edwin Blanco, Fiscal Departamental de La Paz, quien no solo insiste en la culpabilidad del acusado (pese a la abrumadora cantidad de pruebas científicas que dicen lo contrario) sino que muy suelto de cuerpo, estando en el ojo de la tormenta, llega al examen para Fiscal General en un vehículo oficial –estando de vacaciones –y saca una nota mediocre, dándonos a entender una vez más que conceptos como honor y justicia palidecen ante el atractivo del poder y la impunidad. No por nada le dijo a la mencionada presidenta de la APDHB que “agradezca” que el acusado está condenado a 20 años y no a 30.

Podría elegir a una de las por lo menos 10 personas –sí, ¡diez!– que sabían de la inocencia de Jhiery Fernández con el fin de hacerles mil preguntas. ¿Cómo fue que no hicieron nada por un inocente? ¿Entienden que la ley debe ser un instrumento de la justicia? ¿Cómo es posible que la presión de un mediocre de turno (hay nombres para elegir) pueda más que el peso de estar cometiendo una aberración, de estar arruinando una vida? Maldita sea, ¿cómo pueden dormir por las noches sabiendo que están matando en vida a alguien que no se lo merece?

Finalmente, la carta podría estar abierta y dirigida a nosotros como sociedad. Porque como público, quisimos linchar a un inocente en redes. Porque seguimos sin entender que el escarnio público no significa justicia, porque nos aliviamos de la ocurrencia de una monstruosidad permitiendo otra, porque mientras lees estas líneas Jhiery Fernández sigue tras las rejas siendo inocente y todos los culpables de su infierno se pasan la pelotita de la culpabilidad como lo que son: un montón de mediocres, cada uno de ellos queriendo lavarse las manos y dándonos la razón en el hecho de que lo peor que le puede pasar a un boliviano de a pie es tener que pedir justicia. Salvo, claro, que se esté del lado del poder, lo que hace fácil imaginarse por qué algunos no quieren soltarlo.

Publicista, docente de comunicación de la UCB



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