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Mundo | 17/09/2018

En Argentina, juez pide prisión preventiva para Cristina Kirchner por caso coimas

En Argentina, juez pide prisión preventiva para Cristina Kirchner por caso coimas

Foto: Clarín

Agencias||17|09|18|

El juez Claudio Bonadio acusó a la expresidenta de Argentina Cristina Kirchner de ser jefa de la asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales, y dictó su prisión preventiva sujeta al desafuero del Congreso.

Como es senadora, para que se concrete su detención, se le debe quitar sus fueros parlamentarios, por ello dejó pendiente el pedido de desafuero hasta que la Cámara Federal revise la decisión que firmó este lunes. Si la Cámara confirma el procesamiento, entonces se pedirá el desafuero.

A la ex Presidenta se le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos, y fue formalmente acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco hechos, según reporte del diario Clarín.

El procesamiento también alcanzó a Julio De Vido y Roberto Baratta en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo. En el caso del ex ministro de Planificación se le atribuyen cuatro hechos, mientras que al ex Secretario Coordinador se lo acusa de 90 hechos. A ambos se les dictó la prisión preventiva y se les trabó un embargo de $ 4.000 millones para cada uno.

En el caso de José López, ex secretario de Obras Públicas, aceptado como imputado colaborador, quedó procesado como miembro de la asociación ilícita y cohecho pasivo, también con prisión preventiva y un embargo de $ 4.000 millones.

En tanto el ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, fue procesado como miembro de la asociación ilícita, con la misma millonaria cifra de embargo y otorgada la libertad al ser el primer "arrepentido" en el expediente.

La larga lista de empresarios que terminaron procesados incluye a Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Héctor Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio, Juan Chediack, entre otros, todos acusados como miembros de la asociación ilícita y dación de dádivas con un embargo cada uno de $ 4.000 millones.

Para Bonadio, la investigación comprobó que se montó un aparato complejo desde el Estado. Al respecto indicó que esta maniobra mostró la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y del Ministerio de Planificación, actuó entre los años 2003 y 2015".

Cómo operaban los Kirchners

 En la introducción de la resolución de más de 500 páginas, Bonadio describe el funcionamiento de la asociación ilícita que sitúa entre los años 2003 y 2015, durante los 12 años de gobierno kirchnerista, reportó el diario digital Infobae.

Para el juez se "hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados".

Bonadio señaló que: "Esta mecánica funcionaba más o menos así: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos "retornos" o "coimas".

Y agregó: "Claro está que los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones estaban "inflados" en perjuicio del conjunto de los argentinos y con el sólo objetivo de enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos. El producido de esos sobornos era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; también se determinó que partes de esos fondos se desviaron para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política; pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República".



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