Corrupción: con 2.096 resoluciones fraguadas desmontaron 22.000 ha en tierras fiscales y de menonitas

Brújula Digital|07|06|19|

La Unidad Operativa de Bosque y Tierra (UOBT) de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, firmó 2.096 resoluciones fraguadas para autorizar el desmonte ilegal de 22.000 hectáreas de tierras fiscales, además tierras de seis comunidades de menonitas, entre los años 2015 y 2018. El director de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), Clíver Rocha, informó el jueves que el presunto responsable es René Noel Sivila Céspedes, que dirigió la UOBT en los años señalados.

“Sivila hizo uso y abuso de su cargo, puesto que aprobó planes de desmonte en tierras fiscales, estafando de esta manera a seis comunidades menonitas (...). Llegó a firmar 2.096 resoluciones que permitieron los desmontes de más de 22.000 hectáreas. Esta acción fue realizada en complicidad de agentes auxiliares ya identificados”, dijo Rocha, según reporte de Página Siete.

Explicó que se encontraron documentos donde las autorizaciones concedidas fueron mal utilizadas para respaldar madera de origen no autorizado, llenando Certificados Forestales de Origen (CFO) con volúmenes falsos de madera para ser vendidas ilegalmente. Se estima que todos estos ilícitos generaron un movimiento económico superior a los seis millones de dólares, según reporte de El Deber.

Rocha también mencionó que en 2018, los afectados hicieron denuncias en la misma ABT, pero éstas fueron ignoradas por las autoridades de turno y solo se descontó un 20% del sueldo de Sivila a través de un proceso interno.

Sivila se dedicaba a firmar resoluciones administrativas para aprobar planes de desmontes menores a 20 hectáreas. De esta manera se desmontaban tierras fiscales y más tarde se procedía al “blanqueo” (tala y comercio ilegal) de la madera extraída.

Rocha explicó que el funcionario cobraba por lo menos 300 dólares por cada resolución aprobada. Para hacer los cobros, Sivila enviaba a sus intermediarios, agentes auxiliares de la UOBT. Indicó que el caso fue descubierto cuando el nuevo equipo técnico y jurídico detectó “indicios e irregularidades alarmantes” al revisar documentación pasada y recibir denuncias de los perjudicados.

Sospechoso estaría prófugo

El jefe de la unidad anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Saúl Salazar, informó que Sivila está siendo procesado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, beneficios en razón de cargo, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y deterioro-destrucción de bienes y riquezas del Estado, reportó El Deber.

También indicó que actualmente el denunciado se encontraría prófugo y se presume que habría salido del país por la frontera con Argentina. “Se tiene los suficiente elementos de convicción para determinar que esta persona evidentemente habría realizado estos tipos penales”, dijo Salazar.

La directora general de asuntos jurídicos de la ABT, Rossío Alcón, indicó que Sivila está involucrado en otro caso, como es la aprobación de un Plan de Desmonte en la comunidad San José de la Embocada, donde se evidencia que no hubo inspección para verificar los datos presentados por los solicitantes, además que dichos datos están con volúmenes ‘inflados’.

El gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, Jorge Ávila, respaldó las acciones de la ABT para sancionar las actividades ilegales.

Seis comunidades afectadas

Las tierras fiscales de las que Sivila dispuso de manera irregular afectaron a seis comunidades menonitas: Riva Palacios El Dorado II, Tajibo Santa Rita, La Conquista, La Roca, Valle Verde y Cañada la Roca, según reporte de Página Siete.

Desde que las resoluciones comenzaron a ser aprobadas, se montó una “cadena productiva” que incluía tierras, desmonte, tala y venta ilegal de madera, una actividad ilícita que con la sola venta de las autorizaciones generó seis millones de dólares.

Las autoridades de la ABT descubrieron que el agente auxiliar Ronald Valverde, uno de los intermediarios de Sivila, incluso abrió su propio negocio, la Consultora Forestal Mainter Forest, que fue allanada. Allí se encontró documentación que prueba que las autorizaciones concedidas fueron utilizadas para respaldar madera de origen no autorizado. En el lugar se llenaron certificados forestales con volúmenes “inflados” de madera para ser vendida ilegalmente.

El director de la ABT aseguró que alrededor de Sivila y los agentes auxiliares que trabajaban para él se formó una “red de protección interna” que no atendió las denuncias presentadas en contra de los funcionarios.

“Existían denuncias presentadas el año pasado en contra de Sivila, por parte de los afectados y pobladores de San Ignacio de Velasco, que en muchas ocasiones las hicieron llegar a la ABT y en otras, las manifestaron por redes sociales. Incluso escribieron mensajes en los muros externos de la UOBT de San Ignacio, pero en su momento fueron ignoradas por las autoridades de turno, por lo que se presume que existió una red de protección interna que hizo caso omiso o minimizó las denuncias”, manifestó.

A pesar de las denuncias públicas en su contra, el responsable de la UOBT ignaciana se mantuvo en el cargo y, ante las acusaciones, sólo se le inició un proceso interno que dio como resultado el descuento del 20% de sus percepciones de un sueldo.